Progresismo y progresividad

Seguramente todos preferiríamos una sociedad más equitativa y estaríamos dispuestos a contribuir para conseguirla. Pero ¿estaríamos de acuerdo en qué significa 'más equitativa'? Equidad e igualdad no son términos sinónimos. La renta que recibimos procede tanto de nuestra dotación inicial de recursos (riqueza, talento etc...) como del esfuerzo que realizamos en la actividad productiva. Mientras una dotación inicial más igualitaria (igualdad ex ante o igualdad de oportunidades) puede ser más equitativa, una distribución igualitaria que no tenga en cuenta el esfuerzo individual (igualdad ex post) no sólo no es equitativa, sino que resulta contraria a los incentivos necesarios para la actividad económica. Parte del 'progresismo oficial' confunde equidad con igualdad, e ignora que, desafortunadamente, aumentar la equidad mediante políticas redistributivas tiene un coste en términos de eficiencia económica y que, al igual que los mercados 'fallan', justificándose así la intervención pública, el Estado también 'falla', y algunas de sus intervenciones empeoran, simultáneamente, la eficiencia y la equidad.

Por lo que se refiere a la imposición sobre la renta, se cree que una tarifa impositiva progresiva con tipos crecientes con la renta, complementada con diversas deducciones y desgravaciones que se ajusten a la situación económica de los individuos, es más equitativa porque tiene una mayor potencia redistributiva. Sin embargo, los efectos redistributivos del sistema fiscal han de juzgarse teniendo en cuenta cómo los impuestos y las transferencias alteran, en la práctica, la distribución de la renta. En el caso español, lo poco que sabemos es que la imposición directa resulta ser aproximadamente proporcional y que, considerándola junto a la distribución del gasto social, sólo un 30% de las transferencias netas tiene efectos redistributivos. Por el lado de los ingresos, buena parte de esta escasa eficacia redistributiva se explica porque el IRPF favorece a determinadas fuentes de renta y permite deducciones y desgravaciones que benefician mayoritariamente a los perceptores de mayores ingresos. Así, la imposición efectiva sobre la renta es bastante menos progresiva que la implícita en las fórmulas fiscales. Por otra parte, y dada la mayor movilidad de los individuos y sus fuentes de renta en un mundo globalizado, los tipos marginales elevados acaban provocando una pérdida de base imponible, en lugar de una mayor recaudación y una mejor distribución de la renta.

Por todo ello, hay que congratularse de que se ponga en cuestión el mito de la 'progresividad' de nuestro IRPF. La propuesta de reforma fiscal del PSOE hacia un tipo impositivo único, con un mínimo exento ligado a una renta básica, puede suponer que este debate, por fin, se plantee adecuadamente. Este impuesto tiene la gran ventaja de la simplicidad, al eliminar los distorsionantes esquemas de deducciones y desgravaciones que trufan al actual IRPF. Por otra parte, puede ser más redistributivo que el actual IRPF, dependiendo de cuáles sean el mínimo exento y el tipo impositivo uniforme sobre el conjunto de rentas de los individuos. Finalmente, puede convertirse en un 'impuesto negativo' sobre la renta combinado con una renta básica de ciudadanía, soportando los individuos de menores ingresos un tipo efectivo negativo. Así, no sólo aumentaría la progresividad, sino que el gasto fiscal podría dirigirse a aquellas familias de menores ingresos mediante un complemento condicionado a su nivel de renta mucho menos distorsionante que las actuales transferencias incondicionadas, sean éstas fiscales o sociales (complementos de pensiones, subsidio de desempleo y demás). A la vista de los anteriores argumentos, resulta incomprensible que tanto miembros del Gobierno como del PSOE se hayan pronunciado en su contra con los únicos argumentos de la falta de 'progresividad' o de la insuficiencia recaudatoria.

Para que el debate avance no se trata de discutir una cuestión ideológica, como puede ser la definición de equidad, sino una cuestión empírica, esto es, cuáles son los efectos distributivos reales del sistema fiscal español. Y para ello es necesario recurrir al análisis de los datos sobre la distribución de la renta antes y después de los impuestos y de las transferencias públicas. A pesar del escaso interés que muestran las Administraciones Públicas por investigar la realidad socioeconómica y de las limitaciones que imponen a los investigadores externos en el uso de los datos existentes, hay algunos estudios que podrían contribuir a que este debate estuviera más y mejor informado. Desde luego, confundiendo progresismo con igualitarismo y progresividad con complejidad sólo se perjudica la lógica económica, la eficacia fiscal y el sentido común.

José A. Herze (FEDEA, Universidad Complutense). Juan F. Jimeno (FEDEA y Universidad de Alcalá de Henares).