Los trabajadores del transporte aceptaron desconvocar la huelga tras votar en un primer momento por mantenerla

Esta cuestión de la jornada se había convertido en el principal escollo de la negociación, hasta el punto de que motivó que la asamblea rechazase en un primer momento, por 81 votos a 65, el preacuerdo inicial.

Tras este primer resultado, el comité de huelga, formado por representantes los sindicatos ELA, UGT, LAB y Comisiones Obreras, se enfrascaron en un largo debate con los empleados presentes para convencerles de que la patronal no iba a modificar su postura sobre ese particular, lo que terminaría enquistando el conflicto. Al final, y después de una nueva votación, la asamblea acabó aceptando, pasadas las nueve de la noche, la desconvocatoria del paro a partir de las cero horas de hoy.

Según el acuerdo alcanzado, la patronal de la Asociación Navarra de Empresarios de Transporte (ANET) acepta aplicar una subida salarial lineal para todos los empleados (más de 500 personas) de 36.000 pesetas en el periodo 2001-2003, superior a las 30.000 pesetas exigidas inicialmente. Además, se aplicará una reducción anual de jornada transformable en cuatro días de vacaciones a disfrutar en fechas laborables este año, otras cinco en 2002 y seis en 2003. ANET renuncia, además, al conflicto colectivo que había planteado ante los tribunales para lograr que se declarase ilegal el paro.

Respecto a la jornada, el conflicto se aparca para una negociación futura centrada en este asunto. Los trabajadores exigen una sola interrupción de jornada al día, por un máximo de dos horas, mientras la patronal se niega en redondo a esa pretensión.

Los empresarios del sector, más de cuarenta firmas, están dispuestos a garantizar los dos días de descanso semanal reconocidos legalmente a los conductores, una exigencia vinculada a la seguridad en la conducción que actualmente no se cumple. De igual forma, ANET acepta respetar los descansos entre una y otra jornada de trabajo, pero se niega a reducir la fragmentación diaria de la jornada.

El Gobierno autónomo, que estableció unos servicios mínimos que los huelguistas nunca han cumplido, se ha comprometido a intensificar las tareas de inspección en las empresas para garantizar el cumplimiento del acuerdo.