El fiscal se querella contra CAF por un supuesto delito ecológico

La Fiscalía guipuzcoana abrió en abril de 1999 diligencias de investigación, a raíz de una denuncia que interpuso el entonces alcalde de Ordizia, Juan Vicente Erauskin, también del PNV, por la posible contaminación atmosférica procedente de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), con sede en el municipio vecino de Beasain. Un año después de la denuncia, CAF puso en funcionamiento, en agosto pasado, una depuradora para reducir el impacto de los gases contaminantes.

Las diligencias practicadas incluyen un informe realizado por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), en el que se señala que en la localidad de Ordizia se han recogido índices de polución atmosférica superiores al límite permitido como consecuencia de las emisiones de humos sin depurar provinientes de la chimenea del horno de arco eléctrico utilizado por CAF para fabricar acero.

El estudio del Seprona, que data de julio de 2000, detalla que los análisis llevados a cabo sobre la concentración de cobre, plomo, níquel y cinc en los humos emitidos superaban los límites establecidos por la legislación sobre contaminación atmosférica. Estos resultados, por tanto, ponen de manifiesto el riesgo de un peligro grave para la salud humana y para el funcionamiento de los ecosistemas, según el citado informe.

Ante estas evidencias, el Ministerio Público considera que los hechos pueden constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y apunta como presuntos responsables a Andrés Arizcorreta, director de CAF; Jon Jauregi, alcalde de Beasain, y Tomás Epalza, director de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. La Fiscalía estima que el director de la firma de material móvil de ferrocarriles sería responsable del presunto delito ecológico porque, aun conociendo el riesgo medioambiental derivado de la forma de producir acero en la empresa, no puso en marcha las medidas de prevención adecuadas. No obstante, CAF instaló el año pasado una depuradora que ha reducido notablemente la emisión de humos al ambiente.

Referente mundial

El alcalde de Beasain, Jon Jauregi, y el director de Calidad Ambiental del Ejecutivo autónomo, Tomás Epalza, serían también culpables del supuesto delito ecológico por no aplicar la normativa vigente para evitar que la planta de CAF continuase contaminando. Este periódico se puso ayer en contacto con CAF y el alcalde Jauregi, pero ambos declinaron manifestarse sobre este asunto.

El ex alcalde de Ordizia, Juan Vicente Erauskin, que siguió muy de cerca este caso, se mostró ayer 'muy sorprendido' al conocer la decisión de la Fiscalía de Medio Ambiente porque, a su juicio, 'el problema está resuelto desde que CAF instaló una depuradora'.

Erauskin considera que la emisión de humos es 'inapreciable' en la actualidad y 'tampoco existe malestar entre los vecinos' por este asunto. La denuncia inicial presentada por el consistorio de Ordizia contra la firma se produjo, recuerda Erauskin, 'después de que la empresa diera largas' a sus requerimientos 'para poner fin a la emisión de humos', aunque opina que 'la denuncia no tiene hoy razón de ser'.

La firma centenaria CAF, con un prestigio internacional indiscutible en la construcción de material ferroviario, ha fabricado unidades de tren con destino a la red de cercanías de Sâo Paulo (Brasil), los metros de Hong Kong y Washington, o las compañías del ferrocarril de Irlanda, Reino Unido, México Argentina y Hungría, entre otros muchos. En el mercado nacional, ha suministrado unidades para los metros de Madrid, Barcelona y Bilbao.

CAF ganó la semana pasada, junto con la francesa Alstom, el contrato para fabricar 20 trenes de alta velocidad (AVE) para las futuras líneas regionales por un total de 37.900 millones de pesetas (unos 227,7 millones de euros).