Las autonomías podrán subir o bajar impuestos dentro de unos límites

El Gobierno de José María Aznar 'tiene la voluntad' de ceder a las autonomías, dentro del nuevo sistema de financiación, capacidad normativa 'limitada' sobre impuestos especiales, entre ellos los de tabaco, alcohol y carburantes. El Ministerio de Hacienda ha consultado a la Unión Europea si esa medida colisionaría con la normativa comunitaria. 'Sabemos que es difícil, pero si Bruselas no pone impedimentos, estamos dispuestos a ceder capacidad normativa en pequeños márgenes. Será más fácil con el tabaco y más difícil con los carburantes por las distorsiones que pueda ocasionar', señalaron ayer fuentes gubernamentales.

Las comunidades autónomas podrán subir o bajar sus impuestos especiales (tabaco, hidrocarburos, alcohol, matriculación y electricidad) dentro de unos topes muy limitados y en el marco de la legislación comunitaria. El ministro de Hacienda confirmó a este diario que la oferta de cesión de capacidad normativa, si la legislación comunitaria lo permite, se extendería a todos los impuestos especiales. El Ejecutivo está estudiando su repercusión.

Fue ésta la principal novedad que ayer introdujo el ministro de Hacienda en la presentación de las líneas generales del nuevo modelo de financiación autonómica, cuya negociación a fondo con comunidades autónomas y partidos entra en su momento decisivo. El Gobierno espera suscribir un pacto de Estado sobre este asunto para evitar la división del último sistema de financiación, que se negaron a suscribir las comunidades autonómicas gobernadas por el PSOE.

Montoro se reunió ayer con los presidentes y parlamentarios autonómicos del PP en Santiago de Compostela para acordar un documento de bases sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que hoy será público.

El documento, que será suscrito por los ocho presidentes autonómicos del PP, marca la recta final de una negociación con comunidades autónomas y partidos que el Gobierno debe culminar en septiembre para que los presupuestos de 2002 recojan la renovación del modelo de financiación, que caduca este año.

El ministro de Hacienda, además de adelantar la voluntad del Gobierno de cesión de la capacidad normativa sobre los impuestos especiales, confirmó el aumento de la suficiencia financiera de las comunidades con una mayor participación en los impuestos del Estado. También adelantó la creación de unos fondos de nivelación para garantizar la prestación de un nivel mínimo de servicios básicos para todas las comunidades.

Montoro insistió en que el Gobierno tratará de compaginar los intereses de las comunidades pobres -determinadas por su dispersión geográfica y el envejecimiento de la población- con las autonomías más ricas. Estas diferencias enfrentan a comunidades gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla y León, con la Comunidad Valenciana.

Montoro insistió a lo largo de su intervención ante los parlamentarios del PP en la necesidad de acordar el modelo con el PSOE. Por ello, tanto él como el portavoz del PP en el Senado Esteban González Pons, admitieron que no querían precisar en cifras las líneas generales del modelo a fin de 'dejarlo lo suficientemente abierto, para que tenga buena cabida la negociación con los socialistas'.

Advertencia socialista

Montoro confirmó que dicha negociación se retomará en los próximos días y que convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio para cerrar el acuerdo de manera conjunta entre el Gobierno y las autonomías. El ministro confirmó también que las viejas reivindicaciones del PSOE, como la actualización del censo o la deuda pendiente por la no aceptación del modelo anterior, quedarán para la recta final de la negociación para no entorpecer la aprobación del modelo.

Por parte socialista, Antoni Castells, que forma parte de la comisión que negocia con Hacienda, lamentó que no haya habido reuniones con el Gobierno desde principios de abril. Castells advirtió de que 'no hay ninguna propuesta del Gobierno y 'por eso no podemos dar por supuesto ningún preacuerdo'.

Por parte del Gobierno catalán se acepta el traspaso de un porcentaje, aún por fijar, de los impuestos de matriculación de vehículos, electricidad, tabaco, carburantes y alcoholes. Pero la Generalitat recalca que deben fijarse unos topes para poder subir o bajar estos impuestos con el fin de evitar guerras fiscales entre autonomías.

En cuanto al impuesto sobre el tabaco, el Gobierno catalán quiere tener margen para poder subirlo y ayudar a financiar así sus gastos de sanidad, lo mismo que los que gravan las bebidas alcohólicas. Las negociaciones entre Hacienda y las comunidades autónomas se están centrando en incorporar la sanidad dentro del sistema de financiación para el quinquenio 2002-2006.