El PSOE quiere endurecer el impuesto del patrimonio para las mayores fortunas

El impuesto sobre el patrimonio apenas tiene potencial recaudatoria: 53.000 millones de pesetas el pasado año frente a más de 5 billones del IRPF. Su finalidad es gravar ciertas posesiones (casas, fincas, joyas, obras de arte...) pero a partir de unos límites (18 millones de pesetas en general y 25 millones para la vivienda habitual). La nueva propuesta socialista pretende potenciar este impuesto, para eliminar el abismo que existe entre la tributación de las rentas salariales y lo que aportan los grandes propietarios.

Según los datos de la Memoria de la Administración Tributaria del año 1999 (última publicada), el número de declarantes de ese impuesto ascendió a 945.577, con un importe medio declarado de 53,3 millones de pesetas y una cuota media de 160.000 pesetas. El número de declaraciones del impuesto sobre la renta en aquel mismo año fue de 15,4 millones, por un importe total de 35,4 billones, con una cuota media de 354.000 pesetas. El cierre de las declaración de patrimonio de 2000 (sobre el impuesto de 1999) elevó el número de cotizantes a 982.910 y los ingresos del Estado a casi 54.000 millones.

La línea divisoria es difusa, ya que hay grandes propietarios que tributan en ambos impuestos (por el patrimonio en sí y por las rentas obtenidas de éste), pero en el PSOE se cree que no están todos los que son y, mucho menos, pagan todo lo que deberían. Jordi Sevilla propone que el impuesto del patrimonio sea más alto y más progresivo. La excepción serían aquellos bienes con finalidad productiva, propiedad de empresas familiares.

Hoy, el impuesto del patrimonio se rige por una tarifa similar al IRPF, aunque con mayor número de tramos. La tarifa del IRPF tiene seis con un tipo mínimo del 15% y un máximo del 48% y la del patrimonio oscila entre el 0,2% y el 2,5%, con ocho tramos. Existe un límite conjunto para ambos impuestos, que se declaran en el mismo plazo aunque en impresos diferentes.

El PSOE lanza esta propuesta como parte de un nuevo modelo fiscal que supondría un cambio en los criterios de progresividad. Mientras en el IRPF el número de tipos y de tramos del impuesto se reduciría a uno -o dos-, en el del patrimonio se trataría de ampliar el abanico para que los que están en los tramos más altos de la escala paguen proporcionalmente más.

Es decir, se quiere aumentar la progresividad de ese impuesto, aunque Sevilla niega que con ello trate de compensar la regresividad que se puede derivar de su propuesta sobre el IRPF. También asegura que no pretende acallar las duras críticas que desde la izquierda del PSOE se le han planteado. Se trata, afirma, de un proyecto global que ya explicó a la ejecutiva del partido el lunes pasado y al grupo parlamentario el martes.

Los cambios los propondrá una comisión de expertos que Sevilla quiere poner en marcha. Una de las dificultades técnicas que se plantearán es que este impuesto está cedido a las comunidades autónomas (menos Madrid), lo que significa que la gestión, liquidación, inspección y recaudación está transferida.

Aunque la tarifa es estatal, las comunidades tienen alguna capacidad normativa, lo que obligaría a tenerlas en cuenta. En concreto, pueden variar la tarifa del impuesto pero con la condición de que se conserve la progresividad actual (diferencia entre el tipo mínimo y máximo), que mantengan el número de tramos, así como el primero de ellos en cuantía y tipo. De hecho, las modificaciones autonómicas han sido prácticamente nulas.

Otra de las ideas que propone es la de un impuesto ecológico para actividades contaminantes. Al respecto, Sevilla urge al Gobierno a que levante su veto en Bruselas a una iniciativa euopea que persigue el mismo fin. Pese a esta actitud, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, anunció hace unas semanas su intentción de plantear al Gobierno una propuesta en este sentido.