El Consejo Audiovisual Catalán pide la revisión del marco legal español

Las nuevas tecnologías han dejado fuera de onda buena parte de la legislación en materia de radio y televisión. Además de obsoletas, algunas leyes son contradictorias. De ahí que el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), Francesc Codina, expresara ayer la necesidad de revisar el actual marco normativo.

Codina explicó que en las últimas dos décadas se han dictado 'un montón de leyes' que, a la vista del actual panorama técnico, 'sería bueno' su reforma. Un ejemplo del caos legislativo es, a su juicio, el de las televisiones locales. A la espera del desarrollo de la ley de 1995, muchas emisoras están en una situación jurídica 'no tranquilizadora'.

El presidente del CAC mostró su perplejidad por el retraso que acumula España en la puesta en marcha de una autoridad independiente que ejerza de árbitro en el campo audiovisual. Recordó que en Europa existen 39 entidades de estas características y abogó por la creación en España de un consejo audiovisual con capacidad para actuar en todo el territorio. El CAC sólo tiene competencias en los medios que emiten específicamente para Cataluña o en los tutelados por la Generalitat.

La creación de un Consejo Superior del Audiovisual fue debatida en el Senado hace seis años, pero el Gobierno del PP no ha dado todavía ningún paso en ese sentido. Entretanto, en Andalucía, Galicia y Madrid han nacido organismos que actúan como meros consejos asesores de sus gobiernos.

A la hora de justificar este retraso, Codina sostiene que los gobiernos se resisten a perder el poder. Y considera 'bastante natural' que quien controla los medios de comunicación no quiera 'cortarse un brazo para dárselo a una autoridad independiente'.

La independencia es, precisamente, la clave del CAC. Así, Codina aseguró que nunca ha recibido presiones del Gobierno catalán, ni de los partidos políticos, ni de los operadores. 'Al aceptar el cargo dije que si se utilizaba como arma arrojadiza, el CAC duraría cuatro días', recordó ayer. Y enfatizó la libertad con la que ha actuado el consejo desde hace casi un año, cuando el Parlament reguló y amplió su cometido.

Inspirado en el modelo francés, el CAC está compuesto por el presidente y nueve miembros elegidos por el Parlament por un periodo de seis años. Pero, a diferencia del galo, el consejo catalán no tiene competencias para otorgar o revocar licencias de radio o televisión. Hasta ahora, sus principales actuaciones han estado orientadas a regular la programación y la publicidad.

Su reprimenda a TV-3 por el tratamiento del asesinato de Ernest Lluch acabó en dimisiones, y más de un anuncio ha sido retirado de la pantalla del canal autonómico. Ha intervenido también en el litigio entre Luis del Olmo y Planeta por una emisora de radio en Vic, y la semana pasada presentó en la cámara legislativa catalana un estudio sobre el modelo de televisión pública.