A propósito de qué intereses ocultos

Resulta difícil dar una explicación a un señor como Pérez Royo, quien derrocha la sabiduría que dan los libros intentando justificar permanentemente las malas artes de un gobierno andaluz atrapado por sus propias contradicciones. Y lo que es más grave, pretendiendo desde el discurso de la pregunta maliciosa, desviar la atención de los hechos acaecidos en las cajas sevillanas a una oposición sorprendida que contempla atónita hasta que punto llega la desfachatez humana.

La sed de honores lleva al hombre a realizar cosas impropias de su talento. La potestad y la satisfacción que otorga el régimen por los servicios prestados no son comparables con la autoridad que da el buen juicio y la equidad de quien dice lo que piensa sin esperar el gesto cómplice del poder. La autoridad se gana en la medida que nuestras palabras sean fruto del compromiso diario y no desde la apariencia independiente de una atalaya alejada de lo divino y de lo humano. La autoridad la otorgan los comentarios a la altura de los hechos y tratando que las faltas censuradas no respondan a la ceguera partidista y revanchista.

Cómo pretende este glosador andaluz arrojar alguna sombra de duda sobre los 'intereses ocultos' de la oposición cuando no ha contribuido con su ciencia a poner un poco de racionalidad jurídica y coherencia en ese cúmulo de despropósitos realizados por el gobierno de Andalucía en un tema tan sensible e importante como las Cajas de Ahorros. ¿Por qué se pregunta ahora sobre los intereses ocultos de Teófila Martínez por mantener a los presidentes de las cajas sevillanas y no cuestionó a Manuel Chaves cuando cerró un acuerdo celebrado en la misma sede del PSOE y firmado por los presidentes de El Monte y Caja San Fernando y la dirección regional socialista? ¿Por qué se pregunta ahora sobre los intereses ocultos de Teófila Martínez por mantener a los dos presidentes de las cajas sevillanas y lejos de criticar alguna vez a la Consejera de Economía y Hacienda por el descalabro de su gestión no le pidió explicaciones cuando afirmó, en enero, que la fusión acordada por las cajas sevillanas era legal aunque 'éticamente reprobable'? ¿Por qué se pregunta ahora sobre los intereses ocultos de Teófila Martínez por mantener a los dos presidentes de las cajas sevillanas y no ironizo sobre el interés del alcalde de Sevilla cuando reclamaba sólo hace unos días, ante un auditorio repleto de dirigentes y representantes de la sociedad andaluza en Madrid -y entre ellos los presidentes de El Monte y Caja San Fernando- la fusión con 'carácter inminente y sin dilaciones'? (Se recomienda revisar hemeroteca y ver fotos de la época).

Inquietantes y complejas cuestiones en las que no reparó el juicio crítico del articulista, cuya responsabilidad y respeto quedó constatada con el trato dado a prestigiosos catedráticos que según él justifican las pretensiones de los presidentes que les encargan los dictámenes con los recursos de que disponen. Claro que, cuando los recursos son públicos y se encargan a expertos constitucionalistas, que como todo el mundo sabe están íntimamente ligados a los sistemas financieros, para eso no hay crítica sino mano de faraón.

La fusión de las dos cajas sevillanas constituye una situación particular que no afecta sino a las cajas concretamente concernidas de la operación.

El proceso general de renovación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros no impide en absoluto que los órganos de gobierno ya existentes a la Ley, que siguen conservando todas sus atribuciones, acuerden legítimamente llevar adelante un proyecto de fusión.

Nadie pude imponer legítimamente la detención o demora de un proceso de fusión en curso por esta causa ya que la ley no limita ni condiciona a esta circunstancia la plena capacidad de las cajas para fusionarse, ni la competencia de sus actuales órganos de gobierno para llevar adelante la fusión.

Es tan elemental como indiscutible, carece de todo sentido exigir a ultranza que se inicie o se prosiga el proceso de renovación de los órganos de gobierno previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley para ultimarlo en el plazo de seis meses que ésta fija, cuando el artículo 15 de la propia Ley establece una forma de gobierno particular para la nueva entidad resultante de la fusión, que durante un periodo de dos años contados a partir de su inscripción provisional en el Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía (Art. 9) ha de ser gobernada por los órganos previstos en el propio proyecto de fusión.

Espero haber disipado unas dudas malintencionadas de quien utiliza la insinuación como argucia para descalificar en un debate sin argumentos y que tiene sus respuestas en el propio autor, en el gobierno andaluz y en el partido que lo sustenta y no, precisamente, en la presidenta del principal partido de la oposición, cuya única labor a sido respetar y defender la independencia y autonomía de las cajas para elegir su propia estrategia.

Finalmente, sólo dejar constancia de la tristeza que produce la actitud del señor Pérez Royo que, como jurista, nunca debió insinuar lo que no puede probar. Entre otras cosas, porque le habría sido muy fácil consultar en su entorno, cuando tanto se ha investigado a Teófila Martínez y a otros dirigentes del Partido Popular y comprobar hasta dónde le ha llevado su ceguera partidista.

Salvador Fuentes Lopera es portavoz adjunto del PP andaluz.