La Junta y el PP apartan sus discrepancias para negociar un acuerdo sobre la inmigración

El primer contacto entre representantes del Gobierno andaluz y la dirección regional del PP evidenció que la quiebra del acuerdo sobre cajas no ha alterado de momento el deseo de socialistas y populares de pactar medidas en materia de inmigración en Andalucía. Además de mantener la cita prevista para ayer, ambas partes reanudarán sus conversaciones el lunes 11 de junio, después de que el PP andaluz haya examinado el borrador del plan integral de la inmigración, que ayer les entregó el consejero de Gobernación, Alfonso Perales.

El tema que más separa al Gobierno andaluz y al PP, a tenor del encuentro de ayer, reside en las medidas para solucionar la falta de alojamientos de los inmigrantes que trabajan en Andalucía. Antonio Sanz pidió ayer que se modifique el decreto que subvenciona la construcción de alojamientos en 42 municipios andaluces de alta movilidad para 'acercarlo más a la realidad y evitar obstáculos'. A pesar de que el decreto fue consensuado entre la Junta y el Gobierno central, que también colabora en la financiación de las ayudas, José Torres Hurtado, el delegado del Gobierno en Andalucía, ahondó ayer en las críticas y reclamó su modificación. En declaraciones a Efe dijo que la Junta 'era consciente de que hacía un decreto que no servía para nada y no era viable'.

Durante la reunión, Alfonso Perales defendió su eficacia y mostró su confianza en que las discrepancias sobre la norma no obstaculicen un acuerdo general sobre inmigración con el PP. Sin embargo, uno de los objetivos que perseguía el titular de Gobernación en esta reunión residía en desbloquear el rechazo de los alcaldes almerienses de ambas formaciones al decreto de alojamientos, aprobado a comienzos de año para incentivar la construcción de viviendas destinadas a temporeros, nacionales o extranjeros.

Desde que entró en vigor se han presentado solicitudes para subvencionar la construcción de 964 plazas en 14 municipios de Jaén, Huelva, Granada, Córdoba y Almería. En esta última provincia las peticiones parten de promotores privados y, a excepción de Roquetas de Mar, no corresponden a los municipios con mayor número de inmigrantes, como El Ejido, La Mojonera, Níjar o Vícar.

Perales reiteró ayer que el déficit en materia de alojamiento es tal que debe implicar a instituciones y organizaciones, aunque dejó claro que como norma general deben ser los empresarios quienes se encarguen de garantizar un techo digno a los inmigrantes que contraten, al igual que ocurre en Francia durante la vendimia. La intervención pública para solucionar ahora un problema 'sobrevenido' requiere, a juicio del consejero, la cesión de suelo municipal.

El director general de Coordinación de Políticas Migratorias, Pedro Moya, que también participó en la reunión, además de la parlamentaria del PP Carmen Crespo, recalcó que la Junta no modificará el decreto, pero que están dispuestos a estudiar otro tipo de medidas complementarias en materia de vivienda. 'Hay que darle más tiempo del que se le ha dado', señaló. El plazo para solicitar ayudas concluye el 31 de diciembre, después de que se ampliase el periodo precisamente para tratar de vencer las reticencias de los alcaldes almerienses.

El consejero de Gobernación se reunirá en breve con representantes de otras formaciones políticas para presentarles el borrador del plan integral de la inmigración. Con estos contactos, la Junta pretende allanar el camino para aprobarlo con el mayor consenso posible en el Parlamento después del verano. El documento que planifica las políticas de inmigración en Andalucía tiene un presupuesto de unos 15.000 millones de pesetas.