La casa 'sin papeles'

Como si del clásico de Lope de Vega, Fuenteovejuna, se tratara, el pueblo de Jete ha plantado un 'no' rotundo a las fuerzas del Estado. Alrededor de doscientas personas se concentraron ayer en el número 3 de la calle Francisco Fernández González de esta localidad granadina, en la que viven 750 personas. El objetivo era impedir que la Guardia Civil desalojara de sus casas y dejara en la calle a 19 personas, miembros de seis familias. Y lo consiguieron. Pero es sólo cuestión de tiempo: 'Volveremos con cien hombres', advirtió el teniente.

Félix Bustos y toda su familia (incluidos hijos, esposa, hermanos, sobrinos y primos) viven desde hace 13 años en los pisos que ellos mismos construyeron sobre un solar que su padre compró en 1979 a Luis Álvarez Aneas, natural de un municipio vecino (Otívar). 'Cosas de aquella época', se lamenta Félix al explicar que la operación de compra no se formalizó en el registro y, por tanto, los habitantes del inmueble no tienen en su poder una escritura pública. Un simple contrato privado firmado por las partes y la 'buena fe' de los implicados bastaron para sellar el trato.

Casi 22 años después están a punto de ser expulsados de sus casas por aquella dejadez. Las deudas contraídas por el anterior propietario, que ya ha fallecido y no puede dar fe del trato, provocaron el embargo de sus bienes, entre los que figura este solar de Jete que se adjudicó en pública subasta Octavio Álvarez Aneas (hermano del primer dueño) por sólo 550.000 ptas. Ahora pide a estas seis familias, (cuyo medio de subsistencia es el cultivo en el campo) 70 millones de pesetas para dejarlos vivir donde están, según Félix.

A primera hora de la mañana de ayer ya se concentraban en la puerta de este edificio un centenar de vecinos, número que se duplicó pasadas las diez de la mañana. Al menos 70 personas estaban dentro del portal y de los pisos de estas familias cuando llegó una docena de agentes de la Guardia Civil acompañando a la secretaria del Juzgado número 1 de Almuñécar, que, a petición de un juez de Almería, ordenó el desalojo del edificio de las seis familias con sus nueve hijos, que tienen edades de entre 21 días y 10 años.

Con las maletas hechas desde la noche anterior y expuestas en el pasillo de la casa, pero con la intención de resistirse hasta el último momento, los implicados recibieron a las fuerzas del orden rodeados de sus familiares y vecinos. 'Escuchen al pueblo, que ha visto cómo han edificado esto día a día con el sudor de su frente', gritaba una de las asistentes a los representantes judiciales.

La resistencia vecinal, que no llegó en ningún momento a provocar reacciones violentas en ninguna de las partes, fue motivo suficiente para que los ejecutores de la sentencia judicial se fueran sin cumplir el objetivo, 'por falta de efectivos policiales', informó el abogado de las familias, Matías García.

Las caras de tensión que se habían observado durante las horas previas se relajaron, los niños, contagiados del ambiente de expectación, comenzaron a jugar y la gente se fue dispersando poco a poco. Pero esta solución 'es pan para hoy y hambre para mañana', afirmaba Félix, ante la advertencia de su propio abogado de que en el plazo máximo de dos días el juez ordenaría un nuevo intento de desalojo, esta vez, con la compañía de un número suficiente de agentes policiales.

Las familias, por su parte, han iniciado dos procesos legales. Uno en Almuñécar para intentar demostrar la propiedad de la finca. Y una denuncia penal en Almería contra el propietario legal del solar por delitos de estafa y usurpación de bienes. Esta última vía judicial les ha permitido, por el momento, a los habitantes del edificio de Jete tener la seguridad de que, si son expulsados de allí, el propietario no podrá disponer de las viviendas para venderlas hasta que no acabe todo el proceso, 'por si se les reconocen sus derechos y pueden volver a habitarlas', explicó el abogado.

La presencia del alcalde de Jete ayer en la concentración es representativa del apoyo que el Ayuntamiento presta a las familias afectadas. El primer edil, David Fernández Alba (PSOE), opinó que la sentencia judicial de desalojo es 'errónea', porque 'el municipio les concedió licencia de obras en su día y ellos tienen estos pisos desde hace muchos años, durante los cuales han pagado los impuestos del agua, la luz y la contribución'.

La concentración de personas pudo frenar ayer lo que se vislumbra inevitable: a falta de un final inesperado de la historia, los miembros de estas familias tendrán que sacar todas sus pertenencias de las viviendas y buscar refugio en las casas de sus parientes y vecinos. Pero la esperanza en la clemencia judicial y en la 'ley de los hombres' mantiene a estas personas expectantes.