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Reportaje:

Una asignatura pendiente en democracia

Los trabajadores sociales piden la licenciatura para dirigir equipos y proyectos de investigación

'Los problemas siempre tienen un origen social', sostiene Marisa Vallina, del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Valencia. Aunque, reconoce, que los gobiernos no siempre comparten esta percepción de los conflictos sociales. 'A veces, se cree que un toxicómano o un delincuente es lo que es porque sí, y se les considera víctimas, sin que se reflexione acerca de la importante parte de responsabilidad que tiene la sociedad, y se aborde el tema desde un punto de vista multidisciplinar y comunitario', explica Villana, en el marco de unas jornadas organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales de Valencia que lidera -en coordinación con el resto de facultades españolas- la campaña para reivindicar la transformación de la diplomatura de Trabajo Social en licenciatura. Un instrumento jurídico sin el cual los 50.000 profesionales que están en activo en los servicios sociales que existen en España no pueden dirigir sus propios grupos de trabajo ni acceder a un doctorado ni configurar grupos de investigación. La implantación de la licenciatura de Trabajo Social se apoya en sí misma en la larga lista de directrices europeas e internacionales, como la Declación conjunta de los Ministros de Educación de la Unión Europea (Bolonia, junio de 1999) o la propia recomendación adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 17 de enero de este mismo año. El documento europeo reconoce, textualmente, que 'las transformaciones políticas y sociales, así como el alcance y la rapidez con que se producen estos cambios -paro, pobreza, inmigración, presiones sobre las relaciones familiares, racismo, xenofobia- están creando tensiones en la sociedad que contribuyen a la inestabilidad'. En este contexto, la Comisión Europea subraya en su última recomendación que 'el trabajo social favorece la cohesión en periodos de cambio y ayuda a proteger a los miembros más vulnerables de cada comunidad'. En palabras del decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Valencia, Ernest García, la carrera por la consecución del estatus de licenciatura 'es un proceso típico de constitución de una profesión en una democracia'. El decano valenciano se muestra optimista y subraya el compromiso personal mostrado por el rector Pedro Ruiz a favor de la licenciatura. 'La culminación, como el último paso de un proceso de normalidad profesional, puede tardar más o menos, pero es inevitable', sostiene Garcia. La utilidad de trabajo social se está convirtiendo, en un momento de grandes tensiones y contradicciones -como ha quedado de manifesto, por ejemplo, a la hora de aplicar la polémica Ley de Extranjería y de abordar la integración de los extranjeros- en la gran asignatura pendiente de la democracia. Para Soraia Tiñana, trabajadora social de AMBIT, asociación que se dedida a la reinserción social de presos; Leonor Guzmán, del área de Atención al Inmigrante del Ayuntamiento de Puçol; Amparo Aliaga, del área de Atención al Detenido, o Beatriz Montes, de los servicios de atención psicopedagógia SPEs de la Consejería de Educación, la dificultad nace de la imposibilidad de los diplomados para dirigir sus propios grupos de trabajo, debiendo estar dirigidos por un licenciado en Psicología o Sociología. Ello impide, además, acceder a puestos en la Administración catalogados como nivel A, y a diversas áreas, direcciones generales o jefaturas, para las que se exige de una licenciatura para poder ocupar un puesto de dirección. Estos obstáculos, que limitan la capacidad de gestión en la práctica laboral diaria, no son los únicos. Vallina subraya -en plena sintonía con las recomendaciones europeas- que 'se necesitan profesionales cada vez más formados y licenciados que puedan especializarse en sus respectivos campos como doctores'. Hoy por hoy, la imposibilidad de completar los estudios de doctorado o de acceder a proyectos de investigación, sin tener que adscribirse a grupos de sociología o psicología, impide el desarrollo de esta profesión en franca contradicción con la apuesta de la UE que reconoce que 'la naturaleza del Trabajo Social profesional requiere el más alto nivel de responsabilidad en la toma de decisiones'. De esta forma, para abordar el nivele de competencia con eficacia y rigor, la UE pide a los estados miembros 'el perfeccionamiento de los trabajadores sociales a todos los niveles, promover la contratación de estudiantes, personal docente y técnicos en la elaboración de los planes de actuación y, sobre todo, proporcionar la formación profesional adecuada'. Lejos han quedado los años, bajo la dictadura franquista, en que los estudios de Trabajo Social, que se impartían en las escuelas diocesanas dependientes del Arzobispado, fungían como un apéndice más de las extintas Secciones Femeninas. Julia García Álvarez, la presidenta del Consejo de Colegios Oficiales de Trabajadores Sociales, recuerda la dura travesía en el desierto para consolidar una profesión clave en la sociedad actual, desde la creación de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Valencia, aprobada por la Diputación provincial el 20 de agosto de 1985 que, si bien le dió carta de naturaleza universitaria, no le concendió la mayoría de edad. 'Tenemos un techo y unos límites impuestos desde fuera, que tenemos que romper: hacen falta doctorados en Trabajo Social y necesitamos que las investigaciones que hacemos tengan reconocimiento oficial', resume la directora del departamento, Paloma Escrivá.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de mayo de 2001