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Ecologistas denuncia la proliferación de construcciones ilegales en Jaén

Un informe del grupo denunciará al fiscal las irregularidades

Ginés Donaire

Ecologistas en Acción no se encuentra solo en esta lucha. Ha recabado el apoyo a sus denuncias de la Sociedad Española de Ornitología, la asociación vecinal de El Tomillo, el colectivo cultural Camino Viejo y el club de montaña Cuesta Negra. Todos ellos estaban convocados ayer a una concentración reivindicativa -que finalmente fue suspendida por la lluvia- en pro de la conservación del entorno natural y contra las construcciones ilegales en suelo no urbanizable de especial protección.

Bernabé López, portavoz de Ecologistas en Acción, califica de 'desenfrenada, ilógica e ilegal' la fiebre urbanística desatada en los alrededores de la capital, 'que ha desembocado en una pérdida de los valores naturales, paisajísticos, históricos y culturales de espacios emblemáticos de nuestro entorno'. Lugares como los cerros Almodóvar, Molina, San Cristóbal y La Mella, los parajes de Jabalcuz y Valparaíso, los montes de La Imora, Santa Catalina y El Neveral -donde la Junta tiene incoado expediente para su declaración como parque periurbano- y, fundamentalmente, las zonas residenciales de las vegas de los ríos Eliche, Jaén, Quiebrajano y Guadalbullón son los más afectados por las construcciones ilegales.

Aunque es el Ayuntamiento el que está en el punto de mira de todas las denuncias, los ecologistas también critican la desidia de otras Administraciones, como la Consejería de Medio Ambiente y de Cultura -a ésta última se le acusa del silencio mantenido ante la construcción levantada junto al conjunto arqueológico de Puente Tablas, uno de los poblados íberos de más importancia en Andalucía- o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El organismo de cuenca denunció en 1996, con ocasión de las inundaciones en la zona residencial de las vegas, que unos 150 chales estaban construidos al margen de la ley por encontrarse a menos de 25 metros de los cauces de los ríos. Sin embargo, cinco años después las viviendas siguen en el mismo lugar y expuestas a nuevas riadas por no haberse llevado a cabo ningún plan de protección.

Paradójicamente, los grupos conservacionistas denuncian que el precio del suelo urbanizable en muchas zonas afectadas 'se ha disparado', con lo que la propia Administración 'permite agravios entre los propios ciudadanos', según manifiesta Raúl Montilla, miembro del grupo local de Ecologistas en Acción, que exige al Ayuntamiento la paralización de todas las obras ilegales actualmente en ejecución.

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