La malquerida

Nunca ha sido la España democrática menos querida en el resto de la Unión Europea que ahora. Las pésimas relaciones políticas entre España y Alemania (entre Aznar y Schröder) están llevando a un enfrentamiento que, con un uso más sensato de las habilidades diplomáticas, podía haberse evitado. En la UE no se juegan partidos en los que gana uno u otro, sino que la vida comunitaria es una permanente negociación. El buen nombre que se había forjado España en la UE se ha perdido. La llegada de Berlusconi al Gobierno en Roma puede aportar un nuevo y necesario aliado a Aznar, pero del que no cabe fiarse mucho, dada la anomalía que supone Il Cavaliere. A largo plazo, más le habría valido a España que Aznar hubiera tenido relaciones constructivas con la esencial pareja franco-alemana o incluso prestar sus buenos oficios cuando las cosas entre París y Berlín no han ido bien. Ha logrado que, pese a sus diferencias, se unan: contra él.

Las exigencias de Aznar de que la próxima ampliación al Este, a países más pobres, no perjudique el acceso de las regiones españolas a los fondos estructurales tiene fundamentos serios. Por simple efecto estadístico, España, el país que más se ha beneficiado de estas transferencias, quedaría enriquecida en relación a la nueva media comunitaria. De las 10 regiones que hoy acceden a estos fondos, sólo dos -Extremadura y Andalucía- podrían, en teoría, seguir haciéndolo. Hay que recordar una vez más que a diferencia de la anterior ampliación de la UE a países ricos -Austria, Finlandia y Suecia-, que benefició a España en este terreno, la próxima acogerá a países más pobres, lo que requiere no repartir ganancias, sino sacrificios compartidos por los actuales miembros, en nombre de la solidaridad, para la tarea de la reunificación de Europa.

La falta de oportunidad y la brusquedad en la forma en que el Gobierno ha presentado sus reivindicaciones no ha podido ser peor, pues ha dado la impresión de ser el freno a la ampliación, cuando no es verdad. Pero así se percibe en el Este cuando España exige que este problema se resuelva antes de que finalicen las negociaciones de la ampliación. Es cierto que el Gobierno de Aznar ha recogido sedal. Ya no pide una solución concreta, sino una declaración política -antes o en el próximo Consejo Europeo de Gotemburgo, Suecia- de que las regiones españolas no serán más ricas por el simple efecto de entrada de países más pobres. Seguramente lo conseguirá. ¿Y qué? La realidad es que los dineros comunitarios ya están repartidos hasta 2006, y el siguiente reparto se negociará entonces por unanimidad como consiguió Aznar en Niza: lo que significa que España tendrá derecho de veto, pero también Polonia y Alemania. Esta política de intransigencia puede contribuir a acentuar la posición periférica de España en una Unión Europea en la que el centro de gravedad se desplaza hacia el Este.

Por otra parte, resulta inadmisible que el Gobierno -como ocurrió el pasado viernes a través de su ministro portavoz- acuse de colaborar con el enemigo a los socialistas. Habrá que recordarle al presidente sus calificativos de 'pedigüeño' a González cuando él estaba en los bancos de la oposición y el ejecutivo socialista se jugaba el futuro de los fondos en disputa con sus socios europeos. La política europea es ya algo distinto de la política exterior, y atañe a casi todo: del gasto público al medio ambiente. No puede sorprender que no se dé ya un consenso. Si pide propuestas a la oposición, el Gobierno debe también tener tener claro su rumbo en Europa. Podría insistir más, por ejemplo, en el acceso compartido a tecnologías punta, al igual que hace Blair, o en empujar la idea de impuestos europeos. Todo menos teñir la política hacia Europa con estas disputas domésticas.