Industria exime a los ciudadanos de tener que revisar la instalación del gas

Según el departamento, 'carece de sentido' la existencia de una inspección a cargo de una compañía suministradora y de una revisión por parte de una empresa instaladora a cargo del titular cuando ambos controles tienen una finalidad muy similar: la de comprobar si la instalación doméstica cumple con los parámetros de seguridad.

El viceconsejero de Energía, Ordenación y Administración Industrial, Javier Aramburu, anunció ayer la unificación de ambos controles en uno, que deberá realizar por la empresa suministradora a su iniciativa y con un coste más económico para el titular, que podría rondar las 3.500 pesetas. En cualquier caso, el precio será fijado por el Gobierno vasco. La medida se plasmará en un decreto que está ultimándose.

Para el departamento, la empresa suministradora es la más idónea para realizar estas inspecciones, además de por su especial cualificación, por su neutralidad, ya que no participa en la instalación, reparación o mantenimiento de las instalaciones. Por lo tanto, según Aramburu, queda garantizada la 'independencia' de esta empresa con respecto a otros objetivos comerciales.

Los técnicos se quejan

La unificación de las revisiones y su concesión a las empresas suministradoras no ha sentado nada bien a los técnicos que se dedican a las revisiones, que en su mayor parte son autónomos. El Departamento de Industria ya ha tratado la cuestión con los especialistas y considera que lo que pierden no es sustancial, ya que la parte principal de su negocio es la instalación, algo que van a seguir manteniendo.

El director de Administración Industrial y Minas, Rubén Mendiola, resaltó que la nueva normativa logra cumplir con el doble objetivo que se ha marcado el Gobierno vasco: hay una garantía de que las inspecciones se van a realizar de una forma segura y a un módico precio para el usuario de la instalación.

Precisamente, la seguridad es uno de los aspectos más valorados por el departamento y por eso el borrador de decreto prevé el corte del suministro para aquellos usuarios que se nieguen a realizar la inspección, tras dos advertencias. Se trata de una medida drástica que tiene su origen en el problema que ha detectado el departamento a través de una auditoría de las instalaciones de gas natural canalizado realizada en el segundo semestre del año 2000. En muchos casos, las empresas suministradoras no pudieron realizar su revisión por la ausencia de los titulares del contrato, es decir, los dueños del piso.

En cuanto a las instalaciones inspeccionadas, en un 85% de los casos su estado era satisfactorio desde el punto de vista de la seguridad. Los defectos más comúnmente detectados son pequeñas fugas de gas, fallo del regulador de presión, conducción de humos inadecuada y entrada de aire o ventilación incorrecta. Las compañías suministradoras comprueban un tiempo después del aviso a los titulares si las deficiencias se han corregido. Cuando algún defecto entraña riesgos se corta el suministro de gas.

Por otra parte, Mendiola recordó que, antes de enero de 2003, los ciudadanos que tengan una caldera de gas atmosférica o abierta (la más vendida) en cocinas con campaña extractora de humos deben instalar un pequeño aparato conmutador que impedirá accionar una de las dos máquinas si la otra está en marcha. La campana y la caldera no podrán funcionar al mismo tiempo. Entretanto, basta con tener cuidado de no encenderlas simultáneamente.

En la comunidad autónoma existen en la actualidad 260.000 instalaciones de gas natural canalizado y cuatro compañías suministradoras: Gas Euskadi (122.000 instalaciones), Donostigas (50.000), Gasnalsa (47.000) y Bilbogas (41.000). Entre el 93 y el 95% de la población vasca está en disposición de conectarse a la red gracias a la infraestructura realizada.