Lucas patina en el CIS

El Gobierno no ha encontrado ninguna razón presentable para explicar el intento de ocultar la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) previa a las elecciones vascas. Preguntado ayer por el asunto en la sesión de control del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, prefirió el ridículo de aferrarse a la versión oficial, que ya había sido cuestionada por los propios trabajadores del centro, antes que al bochorno de reconocer que alguien por encima había decidido que no convenía difundirla. El episodio debería servir para reformar la norma que prohíbe la difusión de sondeos, públicos o privados, en la última semana de campaña.

El argumento tradicional para justificar esa prohibición es que podría inducir a los electores a hacer un voto estratégico, el llamado voto útil, dando su apoyo no a su primera preferencia, sino a la mejor colocada de aquellas a las que se siente más próximo. Ése es un efecto posible de los sondeos. ¿Y qué? ¿No es deseable la máxima transparencia y el máximo de información del elector? En el límite, el argumento debería llevar a prohibir la difusión de sondeos electorales no ya en los cinco días anteriores a los comicios, sino en todo momento. Es absurdo que el elector pueda hacer su elección estratégica en función de los sondeos previos a la campaña, y no de los que recojan precisamente los efectos de la propia campaña. Se trata de un tabú heredado de concepciones un tanto religiosas del voto. El derecho al sufragio es sagrado, pero los motivos para elegir una u otra opción son terrenales; y no hay razón alguna para negar a los electores datos que puedan servirles para tomar una decisión que en última instancia va aparejada a sus intereses.

Habría, por tanto, que reformar la ley, pero también los usos de un Gobierno que se considera con derecho a aplicarla o no, según convenga. El ministro, que consideró que la oposición es 'el sitio natural de los socialistas', se mostró tan impertinente como suelen serlo las personas cogidas en falso; su respuesta comenzó con una salvedad ('según los datos de este ministerio') que sonó a reconocimiento de que fueron otros los que decidieron. El calendario de operaciones que ofreció parecía una confesión, porque es inverosímil que se necesiten dos semanas para tratar informáticamente 2.500 entrevistas. Y si ése fuera el caso, el presidente del CIS ya tendría que haber sido destituido por incompetencia manifiesta.