La caja alegre

Desde que el Gobierno nombró un nuevo gobernador del Banco de España desaparecieron de los informes del banco las críticas a la política económica que, aunque con la cortesía debida, eran habituales en los documentos de la institución. Por ello ha sorprendido que, en su último informe, el Banco de España se haya atrevido a criticar la decisión del Gobierno de utilizar los excedentes de caja de la Seguridad Social para aumentar el gasto público. No debería extrañarse nadie porque, de la colección de disparates de política económica cometidos en esta legislatura, éste de aumentar la proporción del porcentaje de la pensión de viudedad -y otros gastos- es seguramente el más injustificable. La propaganda oficial se ha centrado en vender que la decisión es socialmente progresista porque ayudará a las viudas a vivir más alegremente y porque así reparte el milagro conseguido por el Gobierno: 'Teníamos un problema -el déficit de la Seguridad Social- y lo hemos resuelto, tenemos superávit'. Todo falso.

En primer lugar, es una política social de derechas. No es que en España no haya viudas necesitadas, lo que sucede es que la medida adoptada no mejorará al 90% de las viudas españolas más necesitadas, sino al sector de viudas que recibe más ingresos, entre las que se encuentran las viudas españolas con mayor renta y patrimonio. Las políticas sociales de derechas, como ésta del aumento del porcentaje de la pensión de viudedad o la del apoyo de los precios agrícolas, son políticas que se fijan en una condición -viuda, huérfano o agricultor- para traspasar dinero público independientemente de la situación económica de esos individuos.

Hay que preferir la política social de izquierdas -ayudar sólo al que lo necesita- no tanto por preferencias ideológicas, sino porque es menos dañina desde el punto de vista económico. Ayudar exclusivamente a los agricultores que lo necesitan requiere menos dinero público que subsidiar a todos los agricultores, lo necesiten o no. La política social de derechas, entregando dinero público a quien no lo necesita, lleva a disminuir los recursos públicos invertidos en infraestructuras, educación, etcétera, lo que perjudica la productividad y daña el crecimiento económico en el medio plazo.

Si en el medio plazo se perjudica el crecimiento, en el corto se agrava nuestro problema de inflación. Dado que no podemos modificar la política monetaria, estas medidas de expansión del gasto llevan, como las de expansión fiscal aplicadas al final de la pasada legislatura, a aumentar la inflación. El disparo de la inflación no ha afectado todavía a la moderación salarial, factor clave para explicar la disminución del paro que disfrutamos desde 1994, pero el Gobierno juega con fuego al seguir aplicando políticas que aumentan la inflación porque puede acabar consiguiendo que salte por los aires esa moderación.

Pero lo que más indigna a un economista es que se venda como un milagro político el aumento del excedente de caja de la Seguridad Social. La realidad es que están entrando a cotizar las generaciones más extensas de españoles, las anteriores a la caída de la natalidad, mientras que el número de nuevas pensiones a pagar ha caído a la mitad porque empieza a jubilarse la generación de la guerra civil, la más reducida de todas. Pero esta situación demográfica que estamos viviendo, y que durará cinco años más cualquiera que sea quien gobierne España, no debe despilfarrarse porque luego la demografía actuará en sentido contrario. La caja muestra hoy un exceso de cotizaciones sobre pensiones, pero el buen gestor no debe pensar en la caja, sino en los compromisos. Los jóvenes que cotizan hoy tienen derecho a cobrar una pensión digna mañana. Esta alegría de la caja de la Seguridad Social, utilizada para ocultar el déficit del Estado, es de una absoluta irresponsabilidad que se descubrirá cuando el Gobierno, algún día, haga públicas las proyecciones de compromisos de pensiones, lo que no ha hecho desde 1995.

Son tantos los disparates sociales y económicos de la reciente reforma de pensiones, que no es raro que, además de haberla criticado los partidos de izquierda, también lo haya hecho el, hasta ahora sumiso y silencioso, Banco de España.