Democracia y Parlamento

Reprobar, censurar, quemar, dilapidar, etc., seguramente podría encontrar en nuestro rico vocabulario más términos que en mayor o menor medida signifiquen lo mismo o similar. Estamos asistiendo a una recuperación evidente de la vieja institución del Santo Oficio, que de forma tan diligente cumplio en nuestra historia la Inquisición. La iniciativa planteada por Marcela Miró, presidenta de las Cortes Valencianas, por la gracia de Dios, de reprobar a un parlamentario por unas supuestas manifestaciones privadas del mismo, realizadas fuera de sesión parlamentaria alguna y en la sede del Parlamento, no tiene precedente alguno en el sistema parlamentario, ni en nuestro país ni allende sus fronteras.

No existe norma ni precedente alguno que dé la mínima cobertura legal a dicha iniciativa, pero sin embargo ella insistió dale que dale, y todo ello convenientemente jaleado por sus disciplinados camaradas de partido. Alejandro Font de Mora, portavoz del PP, también quiere llevar al banquillo a los senadores Joan Lerma y Antonio García Miralles, según parece por disentir democráticamente de la doctrina única impartida por su formación política. La cuestión es clara, todo ello forma parte de la misma patología, a saber, alto déficit de credo y sensibilidad democrática, es decir talibanismo político.

Hay que reconocer que ambas iniciativas aportan puntos de vista novedosos, lo que deberá merecer el estudio de los expertos en Derecho Parlamentario y Constitucional, ya que hasta el momento ambos supuestos carecen de apoyatura legal, pero quién sabe si partiendo de dichas iniciativas se incorporan al derecho positivo, y sus urdidores entran en los anales del Derecho, y acaban codeándose con Lowenstein, Duverger, etc.

Probablemente no han oído hablar de dos instituciones esenciales del Derecho Parlamentario, la inviolabilidad y la inmunidad de los parlamentarios, porque en caso contrario resultaría inconcebible que se les hubiese ocurrido ni de lejos revivir los autos sacramentales.

Las mayorías absolutas, que posibilita nuestro sistema electoral, son en mi opinión perversas para la salud y fortalecimiento de la vida democrática, sirva lo dicho tanto para el pasado reciente como para el presente, pero como ello resulta de imposible solución, sólo cabe esperar que quien ostenta dicho privilegio lo administre de forma equitativa y legítima.

Una presidencia parlamentaria debe distinguirse en todo caso y circunstancia, por su magnanimidad y flexibilidad en la aplicación del reglamento parlamentario, y antecedentes de ello tenemos sobradamente en nuestra historia parlamentaria; aconsejo a la diligente presidenta que acuda al Diario de Sesiones, fuente inagotable de conocimiento, tal como muy acertadamente creía Jordi Sevilla Andrés. A buen seguro que la lectura recomendada haría reflexionar a la inflexible y fiel vigilante Marcela Miró.

El asunto por grotesco que pueda parecer, es grave, porque entra de lleno en lo que algunos denominan pérdida de calidad democrática de nuestra vida política y parlamentaria, y ello de una forma u otra tiene también su reflejo en la sociedad, ya que todo ello forma parte de la manipulación partidista de todos los resortes que un Estado democrático de derecho tiene a su disposición para justamente evitar lo que nos está ocurriendo con iniciativas como las que aquí manifiesto.

En un salto cualitativo notable, ha sido sobradamente superada la doctrina de que quien se mueve no sale en la foto; aquí quien disiente es reprobado y directamente remitido a los infiernos de por vida, vaya escenario el que nos están diseñando los súbditos de Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat. Rogaría al ínclito presidente que entre canapé y canapé, se parase cuando menos un momento para observar cómo sus huestes entienden la libertad de expresión y la democracia; claro que a lo peor a él no le interesa en exceso el asunto, ya que entre algarada y algarada sigue haciendo uso de su impecable chistera para prometernos y decirnos lo que en cada momento haga falta, no hay nada como contentar al personal, y luego Dios dirá.

En cualquier caso, si me atrevo a recomendar a Marcela Miró y a Alejandro Font de Mora un curso acelerado de Derecho Parlamentario, aunque sea por correspondencia, es porque a buen seguro los conocimientos adquiridos les ayudarían a no incurrir en torpezas del calibre mencionado. Que así sea.

Francisco Serrano Martín es abogado.