Una juez interroga a cuatro directivos por abrir el 'e-mail' de un empleado

Cuatro directivos del Deutsche Bank en España declararon ayer en calidad de imputados ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, acusados de un delito de revelación de secretos supuestamente cometido al interceptar y reproducir el contenido de los mensajes electrónicos que envió desde su puesto de trabajo el empleado Gregorio Giménez, que se querelló contra ellos por este motivo. Fuentes judiciales explicaron ayer que dos de los cuatro directivos admitieron que interceptaron los mensajes de ese empleado acogiéndose a una normativa interna de la empresa que impide el uso del correo electrónico para fines particulares de los trabajadores.

En concreto, José Antonio Soler León, jefe de recursos humanos del banco, reconoció ante la juez que dio la orden para que se interceptara el contenido del correo del empleado, siguiendo la orden de otro superior que identificó, pero que todavía no está imputado en el caso. Esa orden fue ejecutada por Albert Faulín, responsable de informática de banco, quien explicó también que todos los correos que reciben o envían los empleados pasan por un servidor central de la empresa. Los otros dos imputados en el caso -Juan Carlos Garay, director general del Deutsche Bank en España, y Juan Cruz, subdirector general de la entidad- declinaron ante la juez cualquier responsabilidad en la decisión de interceptar el correo electrónico del empleado.

Ordenadores y personas

Carlos Sánchez Almeida, abogado de la acusación, afirmó ayer que 'los ordenadores son propiedad de las empresas, pero no las personas ni sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la intimidad'. La querella de Gregorio Giménez se fundamenta en el artículo 197 del Código Penal, que castiga con penas de uno a cuatro años de prisión a quienes intercepten las comunicaciones de otras personas sin su consentimiento, sea el correo ordinario, las conversaciones telefónicas o el correo electrónico.

Giménez fue despedido del Deutsche Bank por enviar 140 mensajes electrónicos en dos meses. Él asegura que fueron reenvío de otros mensajes y que numerosos compañeros suyos enviaron tantos o más mensajes que él y únicamente fueron sancionados con dos o tres días de empleo y sueldo. En su caso, asegura, se trató de una represalia porque era el impulsor de un sindicato entre los trabajadores del banco. El juzgado de lo social de Barcelona declaró nulo el despido y no entró a evaluar la utilización del correo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló el despido y lo justificó, entre otros motivos, por el tiempo que empleó el trabajador en realizar los envíos de los mensajes.

Giménez fue despedido y ahora vive de los ingresos de la floristería que tiene su mujer, pero recurrió contra el despido ante el Tribunal Supremo y decidió querellarse contra los directivos del banco por abrirle sus e-mail.