La deuda de la Generalitat crece desde octubre de 1998 sin la preceptiva autorización del Gobierno

Bru solicitó al Gobierno el detalle de las operaciones de crédito en el extranjero, emisiones de deuda o cualquier otra apelación al crédito público autorizadas a la Generalitat Valenciana desde el 1 de septiembre de 1995 hasta marzo de 2001, momento en que se formuló la pregunta.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes transcribe la respuesta remitida por el Ministerio de Hacienda, que detalla dos operaciones anteriores a septiembre de 1995 por un total de 57.339 millones de pesetas, autorizadas ambas cuando el Consell estaba controlado por los socialistas; tres correspondientes al año 1996 por un total de 53.191 millones; otras dos de 1997 por 51.091 millones; y un 'programa financiero' correspondiente a octubre de 1998, por un total de 129.203 millones.

Respecto a la última operación, la respuesta detalla que el saldo vivo de la deuda sólo se incrementó en 28.501 millones porque los más de 100.000 millones restantes correspondían a la reconversión de deuda a un plazo inferior a un año a deuda a largo plazo, una operación que se ha repetido durante 1999 y 2000 sin la preceptiva autorización del Consejo de Ministros.

La respuesta del Ministerio de Hacienda también detalla los avales otorgados a empresas públicas de la Generalitat Valenciana en junio de 1995 y febrero y diciembre de 1996 por 6.000, 7.000 y 11.000 millones, respectivamente.

El documento señala que 'las operaciones de endeudamiento autorizadas por parte del Estado no implican necesariamente el que las mismas se hayan ejercido de forma efectiva por parte de la Comunidad Valenciana'. Sin embargo, el crecimiento anual de la deuda de la Generalitat, de acuerdo con los datos del Banco de España, ha superado las cantidades autorizadas por el Consejo de Ministros todos los años con la única excepción del ejercicio de 1998.

Pero lo más sorprendente es que la Generalitat no ha requerido al Gobierno ninguna autorización desde entonces a pesar de que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) establece que 'para concertar operaciones de crédito en el extranjero y para la emisión de deuda o cualquier otra apelación al crédito público, las comunidades autonómas precisarán autorización del Estado'.

Fuentes oficiales de la Consejería de Hacienda explican que la Generalitat no ha emitido deuda pública desde el 1 de enero de 1999 y sólo ha recurrido al crédito de entidades privadas.

Pero tal explicación choca con el espíritu de la LOFCA, según Bru, puesto que ley pretende controlar el volumen de deuda acumulado por las distintas comunidades autonómas al margen del producto financiero -'la apelación al crédito'- al que hayan recurrido para obtener fondos. Bru recuerda, además, que la conversión de deuda de corto a largo plazo se ha repetido durante los dos últimos ejercicios sin autorización.

La deuda pública de la Generalitat creció 128.117 millones en 1999 y 165.554 en 2000, los aumentos más espectaculares del último lustro, hasta elevar las obligaciones de la Comunidad Valenciana a 980.000 millones.