La supresión del peaje de la B-30 reporta a ACESA 2.600 millones más al año

El Gobierno central firmó un convenio con ACESA en el que ni siquiera se prevén descuentos por compras al por mayor.

El pacto establece que la Administración del Estado indemnizará a las concesionarias de autopistas por la pérdida de ingresos que suponga la baja o supresión de tarifas en algunos tramos. Una interpretación optimista para el contribuyente permitiría pensar que las empresas cobrarían lo mismo que habían dejado de ingresar, pero esa interpretación quedó excluida porque el Gobierno aceptó que las concesionarias cobrarían no por lo que ingresaban cuando había peaje, sino por los 'volúmenes de tráfico realmente registrados'.

Las rebajas de peaje se produjeron como consecuencia de la voluntad del Gobierno del PP de controlar la inflación, y buscaban abaratar las autopistas en un 7% (equivalente al IVA pagado por los usuarios, que no podía ser deducido, ante la oposición de la Unión Europea). La primera intención del Gobierno era aplicar una rebaja lineal, pero luego optó por concentrar en determinados tramos y no tocar el resto. Como consecuencia de ello, en Cataluña se obtuvo la gratuidad de paso en la B-30 y en las circunvalaciones urbanas de Girona y Tarragona. El resultado ha sido la multiplicación de los ingresos de la compañía, ya que se ha triplicado el número de coches que utilizan una vía que ahora es gratuita.

Antes de la entrada en vigor de esta norma, los laterales de la B-30 estaban congestionados y las calzadas centrales (que eran de pago), casi vacías. Ahora están casi todas llenas y el paso de los vehículos por la autovía reporta mayores ingresos a la empresa.

También la Generalitat compensa a las autopistas cuyas concesiones son de su competencia. En total, el Gobierno catalán ha pagado 2.369 millones de pesetas por los descuentos aplicados por esas autopistas en el pasado año.

El portavoz de la Declaración de Gelida, Jordi Carrillo, entiende que estas cifras muestan con claridad que ni el Gobierno central ni el de la Generalitat han negociado con las concesionarias pensando en los intereses de los ciudadanos. Los excedentes de beneficios deberían aplicarse, según Carrillo, a una política de reequilibrio de los peajes que beneficie a los usuarios y no a las concesionarias.

En el caso de las autopistas que dependen de la Generalitat, todas las ofertas que hacen las concesionarias para fidelizar a los usuarios (descuentos a partir de un número mínimo de pagos) van a cargo del Gobierno catalán, que tampoco consiguió descuentos por mayorista. Este criterio de descuento por comprar muchos viajes fue el utilizado por la Autoridad del Transporte Metropolitano para negociar la integración tarifaria de Renfe. No ocurrió así al negociar con las autopistas.

Sólo hay una vía de peaje que ofrece descuentos y que no los cobra al erario público: los túneles de Vallvidrera. Pero una parte de las rebajas de esta vía sí van a cargo de la Generalitat, que ha pagado a Tabasa 122 millones de pesetas por el año 2000.

El resto de peajes dependientes de la Generalitat han generado diversas cantidades para las concesionarias. En el caso de la barrera de Mollet, ACESA ha obtenido 373 millones; Aucat, que gestiona la autopista del Garraf, ha ingresado 784 millones; Autema (Terrassa-Manresa) ha percibido 928 millones. Finalmente, los descuentos del túnel del Cadí han supuesto 161 millones para el erario público.

El diputado Joan Boada (IC-V), al conocer estos datos, explicó: 'Como todos los gobiernos conservadores, el del PP y el de CiU piensan más en las empresas que en el conjunto de los ciudadanos. En alguna ocasión parece que las normas las hagan las concesionarias o sus principales accionistas', dijo en referencia a La Caixa, principal accionista de ACESA. El diputado socialista Manel Nadal, por su parte, cree que ya es hora de empezar a compensar a la sociedad por la ruptura del equilibrio económico-financiero de las concesionarias.