El progreso y los intereses personales

Tiene que ser realmente duro para aquellos que trabajan generosamente por el progreso de Andalucía verse señalados ante todos como individuos que sólo se mueven por sus intereses personales. Después de tantos años 'sacrificándose' por el socialismo, Isidoro Beneroso y Juan Manuel López Benjumea son acusados de deslealtad al partido al que, al parecer, aún pertenecen, el PSOE.

Los presidentes de El Monte de Sevilla y Huelva y de Caja San Fernando se ven así arrojados a las tinieblas por su propio partido, el mismo que les puso en la tesitura de ser elegidos, en su día, máximos responsables de dichas entidades de ahorro. Sólo les queda envolverse en la bandera de Sevilla para encontrar algo de refugio porque, salvo excepciones, en las filas socialistas ya tienen claro que no se les considera como suyos. La apelación a la sevillanía puede que les dé algo más de rédito, porque lo que nadie se ha tragado es que la publicación de los errores de su gestión suponga nada menos que atentar contra el sistema financiero andaluz, tal y como quieren hacer creer.

En este escenario, el menos esperado por ellos, se celebran este martes los respectivos consejos de administración de ambas cajas, en los que deberán dar explicaciones a sus integrantes sobre lo que dice la autoridad monetaria a través de sus demoledoras actas de inspección. El blindaje de directivos, los excesivos riesgos en inversiones inmobiliarios, los pelotazos urbanísticos todavía en el aire deberán constituir temas del obligado debate que los consejeros de dichas entidades se merecen, por las responsabilidades que sobre ellos también recaen, no olviden esto, a consecuencia de la gestión que desarrollan sus presidentes, cuya idoneidad en el cargo queda ahora seriamente cuestionada.

Así las cosas, cabe preguntarse si efectivamente son las personas más adecuadas para pilotar la fusión de las cajas. Para el PSOE, está claro que no, por lo que es fácil entender que tampoco lo son para el Gobierno andaluz que es quien, al final, tiene que aprobar o no dicha operación. Un Ejecutivo que tampoco va a pasar por alto el desafío que ha hecho la pareja de banqueros al mismo presidente de la Junta a través de la carta que suscribieron la semana pasada.

Para el análisis más pormenorizado, quedará también el papel que ha jugado en todo este proceso la representación sindical de CC OO, que incluso ha mostrado su comprensión por el blindaje de los directivos, con el desmarcaje, eso sí, de su secretario general, Julio Ruiz, y también la función de los andalucistas. El PA tiene aquí una ocasión más de marcar distancias con respecto a la representación que Pedro Pacheco mantiene en la Caja San Fernando, una posición, la del alcalde jerezano, sin duda alguna muy condicionada por la fortísima deuda que tiene contraída dicho Ayuntamiento con esta entidad y que pesa como una losa en las cuentas de la caja de Benjumea.

No se debe olvidar, tampoco, que esta semana dejamos atrás las elecciones en el País Vasco y, con ello, se abre una nueva etapa política en la que la Junta de Andalucía espera que se produzca una verdadera ofensiva del Gobierno central y del PP contra Manuel Chaves, como principal enemigo a batir. Para esa contingencia dicen estar preparados, por lo que habrá que estar atentos a los próximos acontecimientos cuando todavía quedan por cerrar acuerdos trascendentales en materia de financiación autonómica o en las transferencias de las políticas activas de empleo.

Merece además no perder de vista el nuevo frente medioambiental que se abre en Andalucía, territorio en el que han puesto sus ojos las principales empresas energéticas para la puesta en marcha de nuevas centrales térmicas. Sólo en la provincia de Cádiz está en proyecto la ubicación de unas siete nuevas instalaciones de este tipo. La petición de Chaves de una moratoria que paralice el desarrollo de estas iniciativas, a expensas de una serena y adecuada planificación, supone un punto de inflexión para el movimiento surgido en Andalucía contra estas plantas.