300 mujeres al año abortan en otras autonomías por la objeción médica y la falta de centros privadosEn la Comunidad no se practican interrupciones a partir del tercer mes por ser de alto riesgo

La interrupción de un embarazo a partir del tercer mes de gestación, legal bajo ciertos supuestos, es una intervención de alto riesgo que no se practica en ningún centro de la Comunidad Valenciana. La falta de clínicas privadas aptas para afrontar la intervención o la imposibilidad de formar en los centros públicos equipos de facultativos que no practiquen la objeción de conciencia obliga a más de 300 mujeres cada año a emigrar a otras autonomías, sobre todo a Madrid y Cataluña, para abortar legalmente. La Consejería de Sanidad tramitó 178 de estos viajes en 2000 y se plantea autorizar a clínicas privadas para hacer estos abortos.

Las interrupciones de embarazo pasadas las 12 semanas requieren de unas intalaciones especiales, la presencia de un cirujano, de un anestesista, un equipo de guardia y una unidad de cuidados intensivos. Estos requisitos excluyen en la práctica a todas las clínicas privadas de la Comunidad Valenciana, que no pueden afrontar tales dispositivos y se limitan a los abortos en los tres primeros meses. Sólo queda la posibilidad de practicar las interrupciones de alto riesgo en los centros públicos. Pero normalmente, según una fuente de Sanidad, 'los jefes de servicio de ginecología practican la objeción de conciencia y detrás de ellos los médicos'. La negativa es tal que 'ni siquiera están dispuestos a practicar la intervención en fetos acráneos, que no tienen ninguna posibilidad de seguir vivos en el remoto caso de que naciesen'.

En estas condiciones resulta difícil reunir equipos de facultativos dispuestos a afrontar la interrupción. 'Al menos se podrían concentrar estas intervenciones en un hospital público', plantea la diputada socialista Consuelo Catalá, quien se lamenta de que las mujeres valencianas no tengan acceso a 'este derecho de salud básico' años después de que la Comunidad Valenciana fuera la segunda autonomía en autorizar centros para hacer interrupciones de embarazo.

A lo largo de 2000, la Consejería de Sanidad tramitó 178 casos de este tipo, que se desviaron a clínicas en Barcelona o Madrid. Cuando se retrasan las pruebas que constatan malformaciones en el feto los servicios de Sanidad hacen los trámites para que la interrupción se practique en 48 horas. El tope legal para hacerlo está en 22 semanas. El Consell corre a cargo de los gastos, que puede incluir a un acompañante. Por eso, está en conversaciones con una clínica de Alicante para autorizar interrupciones de embarazo en el segundo trimestre.

Asimismo, la clínica Mediterráneo de Valencia solicitó en abril pasado los permisos para poder practicar estas intervenciones en el nuevo centro que tiene previsto abrir a finales de año. Esta clínica es una de la que más casos de este tipo afronta actualmente. El año pasado envió a Madrid a 48 mujeres a las que se les tuvo que operar tras tres meses de gestación. Además, las otras 11 clínicas de la Comunidad que practican abortos legales en las 12 primeras semanas desviaron a Madrid o Barcelona al menos un centenar de casos.