Juego limpio

No publicar los resultados de la encuesta del CIS sería contribuir a un abuso del poder: ocultar a los ciudadanos, incluyendo los electores vascos, unos datos de los que sí dispondría el Gobierno y también los partidos. No sería justo, sino ventajista, que el partido del Gobierno pudiera decidir en función de sus intereses particulares cuándo se difunden, y cuándo no, los resultados de los sondeos electorales. Pero además sería ridículo no publicarlos: nadie podría esperar que los partidos se reservaran esos datos sin que llegaran a los medios de comunicación y que éstos se los reservasen a su vez para su uso privado, en análisis y comentarios. Y más cuando su contenido ya fue revelado ayer por un diputado de Izquierda Unida, que posteriormente introdujo toda la encuesta en su página web. Incluso el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirió al mismo sondeo para afirmar que los resultados que arroja no son muy diferentes de los de otras encuestas privadas.

Efectivamente, no lo son, y ello hace más incomprensible -aunque no más justificada- la decisión de ocultarla. La única forma de que los ciudadanos juzguen por su cuenta si son o no similares a los de otros sondeos es que los conozcan. Y lo que ayer era fuerte sospecha de ocultación es evidencia a la luz de la ficha técnica de la propia encuesta, que precisa que el trabajo de campo finalizó el 25 de abril. Que haya tardado dos semanas en llegar al Ministerio de la Presidencia, como indica la versión oficial, sólo se explicaría por la existencia de una orden superior para retrasar su elaboración lo necesario para que llegara fuera de plazo: cuando ya no se pudiera publicar.

En función, por cierto, de una normativa arbitraria y anacrónica cuya revisión debería ser una de las consecuencias de este escándalo. ¿Qué sentido tiene en el mundo actual ese tabú que impide difundir sondeos en los últimos días de campaña? Su existencia forma parte de los mensajes múltiples y contradictorios que recibe el elector, y no hay motivo para considerarlo más desorientador, o condicionante, que cualquier otro. Una legislación arbitraria que el Gobierno se salta a la torera, en función de criterios interesados, estableciendo una discriminación injusta entre la minoría que tiene acceso a los datos y la mayoría que no: creemos que sobran motivos para publicar los resultados del estudio del CIS; y para que Ricardo Montoro, presidente de ese centro y hermano del ministro de Hacienda, dé la cara: ante los trabajadores del CIS puestos en cuestión y ante la opinión pública.