Michavila cifra en 20.000 millones el coste de las transferencias de Justicia

Michavila adelantó esta cifra tras constituir, junto al secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, y el consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local, Carlos Mayor Oreja, la ponencia técnica que abre el proceso de traspaso de estas competencias a la Comunidad. Los tres señalaron que esperan que este proceso que ahora se inicia, y que continuará el próximo día 16 con la primera de una serie de reuniones técnicas, finalice en esta legislatura y, a ser posible, en el año 2002.

Madrid se convierte así en la primera comunidad de las que accedieron a su autonomía por la denominada vía lenta (artículo 143 de la Constitución) que inicia este proceso de traspaso de competencias, según indicó el secretario de Estado de Organización Territorial. Hasta ahora sólo tienen competencias en Justicia el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Cataluña, Canarias y Navarra.

Elorriaga añadió que, de esta forma, Madrid tiene abiertos ya todos los procesos de traspaso de competencias para completar su techo estatutario. El traspaso afectará, según Michavila, a unos 5.500 funcionarios y a 429 órganos judiciales distribuidos, como recordó Mayor Oreja, en 20 partidos judiciales, es decir, toda la Administración de Justicia con sede en Madrid excepto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y las fiscalías especiales.

De acuerdo con los datos facilitados por los dos secretarios de Estado, en Madrid se concentra el 30% de los órganos judiciales no traspasados ya a las autonomías y el 40% de los pleitos. El secretario de Estado de Justicia destacó la 'capacidad y preparación' de la Comunidad de Madrid de cara a este traspaso y aseguró que será 'beneficioso para los ciudadanos' al procurar una justicia 'más ágil, más moderna y más dinámica'.

Mayor Oreja, por su parte, agradeció la 'voluntad' de la Administración central 'de hacer un traspaso ágil y eficaz' y dijo que 'si se culmina en 2002 será para satisfacción de todos'. La ponencia decidirá, entre otras cuestiones, si la transferencia de estas competencias se efectúa en una sola fase o en dos (una primera para los medios materiales y el personal laboral y otra para el personal funcionario).

Sin embargo, los sindicatos discrepan de las estimaciones de Michavila. UGT-Madrid manifestó ayer que la dotación de 20.000 millones de pesetas prevista para afrontar la financiación de las transferencias de Justicia para Madrid resulta, en su opinión, 'claramente insuficiente' con el escenario de deterioro estructural que presenta este servicio público.

Según UGT-Madrid, este servicio se ha agravado por las necesidades sobrevenidas a raíz de la aplicación de la nueva Ley Penal del Menor y la de Enjuiciamiento Civil, estrenada a principios de año. El sindicato criticó la rapidez e improvisación en la negociación, así como la 'irresponsabilidad del Gobierno regional y la falta de voluntad política' para preparar unas transferencias con garantías.

El sindicato también denunció 'las importantes carencias' del sector de la justicia, entre las que se encuentran la escasez presupuestaria, instalaciones deficientes, así como la necesidad de nuevos juzgados, fiscales y personal cualificado.

En consecuencia, el sindicato reclama una negociación urgente del proceso transferencial y la articulación de un pacto por la justicia que, basado en el consenso, dé respuesta a los problemas de la sociedad madrileña.