Los riesgos de la impunidad
Ante la deseada posibilidad de que los deseos se hagan realidad algún día y la guerrilla firme un acuerdo de paz con el Gobierno, el fiscal general de Colombia advirtió en Barcelona de que el Estado de derecho tiene unos límites que deberían respetarse. "Está claro que habrá que hacer concesiones por ambas partes, pero hay leyes penales universales que no pueden ignorarse y no respetarlas sería fomentar la impunidad", explicó Alfonso Gómez Méndez. "Si no se tiene eso en cuenta, el proceso de paz estallará", aventuró el fiscal general, quien recordó el caso de Chile como ejemplo a tener en cuenta.
En un país que soporta desde hace 20 años la actividad de grupos paramilitares y guerrilleros, el fiscal general relató la delicada situación en la que vive el poder judicial. El ejemplo más contudente ocurrió el día en que un juez acordó encarcelar al narcotraficante Pablo Escobar. A las dos horas de dictarse esa decisión, el padre del magistrado fue asesinado.
La mitad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia también fue asesinada en 1985 en la toma del Palacio de Justicia y la larga lista se completa con el asesinato en las dos últimas décadas de dos ministros de Justicia, un Procurador General de la Nacional y decenas de jueces, fiscales y testigos.
Esa violencia contra el poder judicial llevó hace unos años al nombramiento de los llamados jueces y fiscales sin rostro, profesionales que desempeñan su función con el máximo sigilo y precaución. "Es mejor tener jueces, fiscales y testigo sin rostro, pero con vida, que no tenerlos", explicó el fiscal general. Aún así, el poder judicial intenta ejercer su función y aplicar unas leyes mucho más severas de lo que podría pensarse con el narcotráfico. En Colombia está considerado un delito el enriquecimiento ilícito con dinero del narcotráfico y prueba de ello es que por ese motivo están encarcelados actualmente ex ministros, empresarios y procuradores. Otra ley, insólita también en Latinoamérica, permite la intervención de bienes obtenidos por el narcotráfico aunque una persona sea absuelta en un juicio. El mismo fiscal general ha firmado también en poco más de tres años unas 50 órdenes de extradición a Estados Unidos de ciudadanos colombianos acusados de narcotráfico. Otra cosa es que, con el tiempo, algunos de ellos hayan acabado en libertad, como ocurrió hace unos meses cuando el ex presidente Bill Clinton indultó a varios narcos del cártel de Cali días antes de acabar su mandato.
