Bruselas advierte a España de que deberá justificar el veto a la compra de Cantábrico

La Comisión Europea se quejó abiertamente ayer de la falta de información oficial del Gobierno español. Monti subrayó que el veto anunciado por el Gobierno a la compra de Hidrocantábrico sólo lo conocía por la prensa, y advirtió de que ni siquiera tiene datos oficiales de la norma en la que se ampara tal veto -una disposición adicional introducida en los Presupuestos del año 2000-, que está bajo sospecha y examen desde el pasado mes de febrero.

Bruselas sospecha que tal disposición no es compatible con los principios comunitarios de libre circulación de capitales y de libre establecimiento. Más aún, según el portavoz del departamento de Mercado Interior, Jonathan Todd, Bruselas no conoce oficialmente que tal norma exista.

Vulneración

Todd aseguró que esta norma puede vulnerar principios del Tratado de la UE porque es ilimitada en el tiempo y añadió que no hay ninguna disposición similar en el resto de Europa, si bien sí expedientes de infracción abiertos y denunciados ante el Tribunal Europeo a diversas compañías en periodo de privatización por prácticas similares.

Si el veto a EnBW (participada en un 25% por la francesa estatal EDF) y a EDP (30% del Estado portugués) se formaliza, recordó ayer Monti, España deberá justificar su decisión. 'Entiendo', dijo Monti, 'que la decisión anunciada ayer [por el lunes] no es definitiva, pero la futura decisión deberá ser comunicada a Bruselas de acuerdo al artículo 21 del reglamento de Fusiones, que establece esta obligación para todas las decisiones que afecten a una operación de dimensión comunitaria'. El Gobierno español deberá decidir si mantiene, suaviza y rechaza el veto antes de tres meses.

El comisario de la Competencia insistió personalmente sobre este punto recordando que los Estados miembros de la UE deben cumplir este trámite y que la Comisión aún no ha concluido su investigación sobre la OPA de Hidrocantábrico realizada por Ferroatlántica y su aliada francoalemana EnBW. El Ejecutivo europeo deberá pronunciarse sobre ello este mismo mes. Bruselas ya dio su visto bueno a la OPA que lanzó EDP con Cajastur en marzo.

El veto de Economía a la compra de Hidrocantábrico cayó también como un jarro de agua fría en Lisboa, informa Javier García. La compañía Electricidade de Portugal (EDP) afirmó que 'aguarda con confianza el desarrollo de este proceso', dado que 'no se considerada afectada' por la decisión del Gobierno español, 'al ser una empresa participada minoritariamente por el Estado portugués (30%) y, por tanto, no sujeta a cualquier tipo de control directo o indirecto por parte del mismo o cualesquiera otras entidades públicas'. Los responsables de la eléctrica portuguesa, que controla con Cajastur más del 34% de Hidrocantábrico, consideran que el Gobierno español actuará de forma sensata en este contencioso y repondrá sus derechos de voto, una vez que haya analizado los detalles del caso. EDP no cree que España acabe por aprobar un veto formal contra las citadas empresas, dado que caerían en la contradición de adoptar la misma medida que tanto criticaron cuando el Gobierno de Lisboa vetó la compra del grupo Champalimaud por parte del BSCH en el verano de 1999.