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La venta del siglo

Pregunta: ¿cuál es la propiedad más valiosa en todo el mundo que merezca la pena poseer en los albores de la Era de la Información? Respuesta: las radiofrecuencias -el espectro electromagnético-, por las que transcurrirá una cantidad cada vez mayor de comunicación humana y actividad comercial en la era de las comunicaciones inalámbricas. Nuestros ordenadores personales, agendas electrónicas, Internet sin cables, teléfonos móviles, localizadores, radios y televisiones, todos dependen de las radiofrecuencias del espectro para enviar y recibir mensajes, fotografías, audio, datos, etcétera.

Naturalmente, la mayoría de nosotros no nos paramos a pensar jamás en el espectro. Lo consideramos, más o menos, como el oxígeno que respiramos, como un bien libre. En realidad, el espectro es tratado como una 'propiedad común' y está controlado y administrado por Gobiernos que, a su vez, alquilan las diferentes radiofrecuencias a instituciones comerciales y de otras clases para sus emisiones. En otras palabras, el Gobierno es propietario del sistema electromagnético en nombre de la gente de todos los países.

Pero ahora, los poderosos medios de comunicación comerciales aspiran a hacerse con el control total de las ondas. Imaginemos un mundo en el que un puñado de conglomerados de medios de comunicación como Vivendi, AOL, Time Warner, Sony, Telefónica, AT&T, BskyB, Disney, Fininvest, Deutsche Telekom y News Corporation fueran literalmente los dueños de todas las ondas en todo el planeta y comerciaran con ellas como 'propiedad inmobiliaria electrónica privada'. En Washington DC empieza a desarrollarse una estrategia para que eso suceda.

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El 7 de febrero, 37 de los principales economistas norteamericanos, entre ellos seis que anteriormente trabajaron en la Comisión Federal de Comunicaciones [FCC, siglas en inglés], firmaron una carta conjunta pidiendo a la FCC que permitiera a las empresas de radiodifusión vender en los mercados secundarios el espectro que actualmente alquilan al Gobierno. Esta carta, que pasó prácticamente desapercibida por la opinión pública en general, es la salva inicial de un plan radical para acabar arrebatando todo el control sobre el espectro al Gobierno estadounidense y a los Gobiernos de todo el mundo y convertir las radiofrecuencias de nuestro planeta en coto privado de los gigantes de los medios de comunicación globales. Si lo consiguen, el Estado nacional habrá perdido uno de los últimos vestigios de poder real que le quedaban, o sea, la capacidad para regular el acceso a las comunicaciones de radiodifusión dentro de sus fronteras geográficas. Pero me estoy adelantando ligeramente al argumento de la historia. Empecemos por el principio.

Hace varios años, una fundación conservadora de Washington DC, la Fundación para el Progreso y la Libertad, estrechamente vinculada al ex presidente de la Cámara de Representantes estadounidense Newt Gingrich, publicó un informe titulado La revolución de las telecomunicaciones: una oportunidad estadounidense. Los autores del informe instaban a que el espectro electromagnético dejara de ser una propiedad pública y pasara a ser privada. Conforme al plan, se otorgaría a las empresas de radiodifusión en posesión de licencias el título de propiedad del espectro que utilizan actualmente y tendrían la posibilidad de usarlo, desarrollarlo, venderlo y comerciar con él como estimasen oportuno. Las partes sin utilizar del espectro se venderían posteriormente a empresas comerciales y se reconstituirían como bien inmueble electrónico privado, mientras que la FCC del Gobierno sería abolida.

Los autores del estudio alegaban que el control oficial de las radiofrecuencias llevaba a una utilización ineficaz de las ondas y que, si el espectro se convertía en una propiedad inmobiliaria electrónica privada que se pudiera intercambiar en el mercado, la mano invisible de la oferta y la demanda dictaría los usos más innovadores de esas frecuencias. Posteriormente, se celebraron audiencias en el Congreso sobre la propuesta, lo cual aceleró el interés por el plan.

Pero, incluso los grupos de presión empresariales de Washington con más experiencia encontraban un tanto ambiciosa la noción de la venta de una sola vez de las ondas estadounidenses a intereses comerciales privados. De modo que, menos de un mes después de que George W. Bush llegara a la presidencia, la carta de los 37 distinguidos economistas aparece en el umbral de la FCC. El nuevo pensamiento: primero, asegurarse un plan parcial de privatización que permita a las empresas vender y comerciar con su espectro, alquilado en mercados secundarios. Una vez hecho esto, se establecería la base comercial para una conversión final, en la que se pasaría del alquiler oficial del espectro a una venta pública, de una sola vez, al sector privado. Después, otras naciones se animarían a seguir el ejemplo y venderían sus respectivos espectros a las empresas de medios de comunicación globales, hasta que todas las radiofrecuencias del mundo pasasen a ser una finca electrónica privada. Si algunos países se resistieran a la idea de renunciar al control de sus ondas, se podrían establecer sanciones comerciales internacionales para imponer la obediencia.

En la era industrial, el intercambio de propiedades en los mercados era la condición sine qua non del comercio. La función de los Gobiernos nacionales era proteger la propiedad y los mercados. Pero, en el nuevo mundo comercial que nace, el acceso a la información que fluye por las redes de comunicaciones se vuelve, por lo menos, igual de importante que el intercambio de propiedades en los mercados. Quien controle los canales de comunicación por los que un número cada vez mayor de gente llevará a cabo una parte creciente de su actividad comercial y social, dictará las condiciones de la vida cotidiana.

Aunque se podría defender razonablemente que los Gobiernos aflojaran el control sobre las restricciones de alquiler del espectro, y permitieran a las empresas de radiodifusión vender los derechos sobre radiofrecuencias infrautilizadas en los mercados secundarios, ¿cómo se garantizaría a los miles de millones de personas que habitan la Tierra su más básico derecho a comunicarse entre ellas en un mundo sin cables? En una era en la que una parte cada vez mayor de nuestras comunicaciones diarias con los demás seres humanos se desarrolla en el ciberespacio, el acceso a las ondas se vuelve vital. Como es natural, los que pueden pagar pueden conectarse. Pero ¿qué pasa con el 62% de personas que nunca han realizado una sola llamada telefónica y el 40% de seres humanos que no tienen electricidad? ¿Cómo conseguirán jamás acceder al ciberespacio, en un mundo en el que el precio de admisión está controlado por unos cuantos gigantes de los medios de comunicación?

En segundo lugar, si el flujo de las comunicaciones humanas está controlado por empresas de medios globales, ¿cómo nos ase-

guramos de que se permitirá que fluyan por el espectro puntos de vista sociales y culturales y expresiones políticas que difieran de los de las empresas dueñas de las ondas? En el pasado, hemos visto lo que pasa cuando los Gobiernos totalitarios controlan las ondas y reprimen la libre expresión de ideas que van en contra de la postura oficial. En el futuro, podríamos enfrentarnos a la perspectiva de una nueva forma de represión, cuando las empresas de medios globales refuercen su dominio de las ondas y prohíban la expresión de puntos de vista contrarios a sus intereses comerciales.

Y, lo que es igual de inquietante, cuando empresas como AOL-Time Warner, Disney y Vivendi Universal sean propietarias de los canales de comunicación, así como de gran parte del 'contenido' que circula a través de ellos, ¿se secará completamente la rica diversidad cultural que tradicionalmente ha generado y alimentado la sociedad civil? ¿Nos quedaremos con sólo unas pocas empresas de medios de comunicación mundiales como árbitros supremos de la cultura humana?

En tercer lugar, ¿cómo impedimos que esas empresas ejerzan una influencia indebida en la vida comercial misma, debido a su control de los canales de comunicación a través de los cuales se hacen los negocios? Los gigantes del ferrocarril intentaron hace cien años en Estados Unidos utilizar su control sobre los transportes para dominar gran parte de la vida comercial. La ira pública contra los monopolios ferroviarios llevó a la aprobación de leyes antimonopolio y a la división de estos carteles gigantes. Sin embargo, las redes de comunicaciones de hoy tienen una escala mundial. A pesar de ello, ni siquiera nos hemos planteado la posibilidad de establecer un mecanismo global antimonopolio que se ocupe de los oligopolios de medios de comunicación de ámbito mundial. En la actualidad, el único recurso que tiene la gente es el viejo adagio de 'a riesgo del comprador'.

Por último, en la nueva era, cuando todo el mundo esté conectado con todos los demás en redes comerciales de información y de telecomunicaciones, ¿cómo impedimos que los propietarios empresariales de las radiofrecuencias exploten los datos sobre la vida de la gente que circulan por el ciberespacio? ¿Qué garantías tendrán las personas respecto a su propia intimidad cuando se pueda acceder a cada uno de los aspectos de la historia de su vida como bits de información, que viajan por unos canales de comunicaciones propiedad de una empresa y controlados por ella?

En los albores de la era de los medios de comunicación mundiales, hace más de veinte años, un miembro del Gobierno estadounidense hizo el comentario profético de que 'el comercio ya no sigue la bandera, sigue el sistema de comunicaciones'. Cuando el mismísimo derecho de comunicarnos unos con otros ya no esté asegurado o garantizado por el Gobierno, sino controlado por poderosos conglomerados de medios de comunicación que se mueven en la arena comercial global, ¿podrán seguir existiendo las libertades básicas y la verdadera democracia?

Jeremy Rifkin es autor de La era del acceso (Paidos 2000) y presidente de la Fundación sobre Tendencias Económicas en Washington DC.

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