Ingresa en prisión el presunto etarra Pikabea
El fiscal apoya la ilegalización de Haika
El presunto etarra Rosario Pikabea ingresó ayer en prisión tras comparecer voluntariamente en la Audiencia Nacional ante el juez Guillermo Ruiz Polanco, quien vio indicios de que hubiera sido el posible responsable del aparato de mugas de la banda terrorista ETA entre 1988 y 1992. Paralelamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó favorablemente a la propuesta del juez Baltasar Garzón de ilegalizar la organización juvenil Haika.
El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco ordenó ayer el ingreso en prisión incondicional del presunto etarra Rosario Pikabea, al que imputa un delito de terrorismo por su supuesta participación en el aparato de mugas, encargado del paso de personas, armas y explosivos por la frontera de Francia.
Pikabea compareció voluntariamente ante el juez tras conocer que algunos detenidos del aparato de mugas desarticulado en marzo le habían implicado como supuesto responsable de la infraestructura. El presunto etarra alegó que no se le podía imputar el delito de pertenencia a ETA porque ya ha cumplido cinco años de prisión en Francia por asociación de malhechores, delito equivalente en España al de pertenencia a banda armada. También negó haber formado parte del aparato de paso de fronteras de la banda.
El abogado de Pikabea, Iñigo Iruin, indicó que el juez Ruiz Polanco ha pedido la sentencia que condenó a su defendido en Francia y una vez la estudie decidirá si modifica su situación.
Pikabea, según su abogado, lleva nueve meses trabajando como funcionario en el Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa), en el que gobierna Euskal Herritarrok (EH). Está en libertad desde 1997, en que fue absuelto por falta de pruebas del asesinato de Arturo Quintanilla Salas, dueño de un bar de Hernani.
Por otra parte, el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina presentó ayer un informe favorable a la ilegalización de Haika, por entender que esta asociación juvenil, sucesora de Jarrai, 'está subordinada a ETA, en un primer momento a través de KAS y posteriormente por medio de Ekin, y comparte con ella financiación, objetivos y estrategia'. El informe fue requerido por el juez Baltasar Garzón como paso previo a ilegalizar esa asociación.
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