Inmigrantes en la escuela

El error cometido el pasado día 19 de abril por cuatro diputados de CiU en la votación de la moción de ERC -que fue aprobada- para auditar las escuelas concertadas y en favor de la desconcentración de alumnos inmigrantes en determinadas escuelas públicas, obliga de nuevo al Departamento de Enseñanza a afrontar el proceso de matriculación de alumnos de preescolar, primaria y secundaria en los centros públicos y privados subvencionados. Los sindicatos de enseñantes y el Síndic de Greuges han cuestionado este procedimiento por entender que no resuelve los problemas de concentración de inmigrantes en determinadas escuelas públicas, que acaban convirtiéndose en guetos en los que, en ocasiones, la falta de medios dificulta la formación de quienes acaban de llegar desconociendo las lenguas y la cultura del país de acogida.

La desconcentración de alumnos inmigrantes en determinadas escuelas plantea retos difíciles al Departamento de Enseñanza

El Decreto 56/2001 establece en el proceso de inscripción una preferencia de, en principio, cuatro alumnos 'con necesidades educativas especiales' -eufemismo con el que se designa a los inmigrantes- por cada clase, tanto en las escuelas públicas como en las privadas concertadas. Pero esta cifra de cuatro, que puede ser ampliada, resulta de hecho superada, ya que muchos inmigrantes manifiestan que desean que sus hijos cursen estudios en centros públicos, bien por no poder pagar las cuotas adicionales de las privadas concertadas, bien -como ocurre con muchos musulmanes- por no desear que sus hijos sean formados en un centro católico. El decreto olvida, además, que en los últimos años el ingreso en los centros educativos de la mayoría de los alumnos inmigrantes no se produce mediante el proceso de matriculación ordinario, sino que ingresan en la escuela una vez iniciado el curso, cuando llegan a Cataluña. En tal caso lo que prevalece es que haya plazas libres en la escuela que solicitan. Y, lógicamente, los padres siempre desean que vayan al mismo centro donde estudian los hijos de otras familias inmigrantes para que los acompañen o recojan si su horario de trabajo se lo impide. Aunque el hecho de que los grupos de niños de tres años se formen con un número importante de inmigrantes no tiene por qué ser en sí problemático, sí que lo es la incorporación a medio curso en primaria o secundaria de más y más alumnos que no hablan el idioma y que tal vez no podrán adquirir libros de texto.

El Departamento de Enseñanza de la Generalitat, que fue pionero en España en las políticas de integración de minorías cuando creó, en 1983, el Programa de Educación Compensatoria -inicialmente para gitanos del barrio de La Perona, luego ampliado a niños magrebíes-, no ha sabido estar a la altura del reto de la multiculturalidad en las aulas. Aulas que son medio de integración de los que llegan, pero también de plasmación y aceptación de esa diversidad étnica para los que se consideran catalanes, españoles o europeos 'de toda la vida'.

La Generalitat, preocupada por el fenómeno de gueto que se producía en los lugares con mayor índice de población extracomunitaria, ensayó con éxito en 1995 en Vic y Manlleu, la experiencia en de distribuir a los hijos de inmigrantes por todas las escuelas públicas y privadas concertadas, tras conseguir el consenso de ambos ayuntamientos. Evidentemente, esta experiencia no era exportable a las grandes ciudades, pues no sería conveniente trasladar a un niño de Ciutat Vella cada mañana en autocar hasta Sants o Les Corts por su excesiva lejanía. Pero las patronales de escuelas privadas no vieron con buenos ojos la posible llegada de magrebíes, asiáticos o subsaharianos, y se frenaron estos planes de distribución

en otros municipios medianos o en ciertos barrios de las ciudades. Y hay que reconocer que centros católicos de Osona, pese al sambenito que pesa sobre Vic de ser 'ciutat de monges i capellans', demostraron ser mucho más abiertos a otras culturas que escuelas privadas concertadas de supuesto ideario laico y progresista que no han facilitado, cuando no boicoteado, el ingreso de inmigrantes. La evidente obligatoriedad de la llamada 'sexta hora' que se imparte en muchos centros concertados y que los padres costean con una cuota teóricamente voluntaria, pero obligatoria en la práctica, permite a los centros privados disuadir a la población inmigrante.

Evidentemente el problema es complejo, pero el fuerte peso que tiene la escuela privada en Cataluña, el apoyo que le da CiU y el miedo de las privadas a perder alumnos si llegan africanos o asiáticos está provocando que las escuelas gueto aumenten. El insuficiente número de profesores de compensatoria, auxiliares de conversación para los recién llegados y profesores de educación especial hace que los enseñantes sientan que no puede llegar a las necesidades de sus alumnos. Faltan también mediadores culturales y un servicio de intérpretes más amplio a disposición de los centros y las asociaciones de padres. Pero no es únicamente un problema de medios económicos y humanos. Es preciso que la Generalitat implique a las privadas que subvenciona puesto que, si no lo hace, no sólo administra mal los fondos públicos, sino que puede quebrar la labor docente de muchas escuelas públicas al convertirlas en escuelas de segunda categoría para ciudadanos de segunda, de modo que quede en papel mojado su intención de construir ya desde la escuela una sociedad multicultural en la que viven más de seis millones de ciudadanos de orígenes dispares.

Xavier Rius-Sant es periodista.