El Ejecutivo aprueba el proyecto de ley de Pesca
Los efectos del fracaso de las negociaciones entre Marruecos y Bruselas eclipsaron ayer la decisión del Consejo de Gobierno de remitir el proyecto de ley de Pesca al Parlamento andaluz, proyecto en el que la Consejería de Agricultura ha trabajado durante el último año.
El proyecto de ley, 'el primero en presentar sus números en euros' apostilló el consejero de Agricultura, Paulino Plata, regula la organización y las actividades del sector pesquero andaluz en las aguas interiores (una franja de unas tres millas desde la costa), aquellas en las que la comunidad tiene competencias.
La norma, que consta de 120 artículos y once títulos, regula la explotación racional de los recursos, la pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo, la pesca marítima de recreo en aguas interiores, la vertebración del sector, la acuicultura, la comercialización de los productos pesqueros, la investigación tecnológica y la formación, el control y la inspección y las infracciones y sanciones.
El consejero destacó que el proyecto de ley prevé la designación por parte de la Junta de zonas marítimas protegidas y reservas de pesca para favorecer la regeneración de los caladeros andaluces situados en aguas interiores. El proyecto de ley también establece el carácter preferencial de la pesca artesanal, al tiempo que regula las distintas modalidades de la pesca marítima de recreo en aguas interiores, incluyendo los útiles de pesca, las zonas, las especies autorizadas y el volumen y topes de las capturas.
El proyecto de ley regula cuáles serán los puertos bases de las embarcaciones y los criterios para el otorgamiento de autorizaciones de construcción, con la novedad de la creación de un censo de barcos por puertos, en el que se incluirán los pesqueros con base oficial en Andalucía.
Plata subrayó que la norma hace especial hincapié en la regulación de la acuicultura, 'una actividad en expansión'. Se creará también un registro oficial de los establecimientos y empresas del sector y se recoge la posibilidad de declarar zonas de interés de cultivos marinos.
