Francia aprueba un plan para promover el estudio de las lenguas regionales

El ministro francés de Educación, Jack Lang, acaba de aprobar un plan para favorecer la enseñanza de las llamadas 'lenguas regionales', que ha provocado controvertidas reacciones en diversos países. Los franceses tendrán desde la educación infantil la lengua regional como materia optativa, como ocurre con el inglés, con un máximo de tres horas semanales. En primaria y secundaria, junto a las dos lenguas extranjeras obligatorias, se propondrán tres horas semanales de lenguas como el corso, occitano, bretón, euskera y catalán. El Gobierno tiene hasta el 2006 para aplicar la medida.

La reciente aprobación por parte de Jack Lang, ministro francés de Educación, de un plan para favorecer la enseñanza de las llamadas 'lenguas regionales' ha sido interpretado de distintas maneras. En Alemania, la incitación a aprender el alsaciano ha sonado a reconocimiento del potencial económico-cultural del gran vecino europeo, y en España se ha interpretado que la iniciativa de Lang responde a la necesidad de dar alguna satisfacción al radicalismo vasco. Algunos periódicos, como el francés Libération, se han preguntado si 'las orientaciones propuestas por Lang no estarán hechas a medida de los corsos y de su futuro nuevo estatuto, recién aprobado'.

En la actualidad, de un censo de más de tres millones de estudiantes, sólo 152.000 reciben clases de alguna de las distintas lenguas regionales: 72.000 de occitano, 28.000 de corso, 21.000 de bretón, 9.000 de euskera, 9.000 de catalán y 6.000 en la lengua de la zona del Mosela. Del total de 152.000, sólo 28.000 reciben una enseñanza propiamente bilingüe.

El gran problema para el actual Gobierno de Lionel Jospin surgió tras firmar, el 7 de mayo de 1999, la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, en la que se comprometió a facilitar su difusión y aprendizaje. Era una firma prudente, que de los casi cien parámetros posibles sólo ratificaba el cumplimiento de 39. En ningún caso se admitía, por ejemplo, que el corso, catalán, euskera o bretón pudieran utilizarse por la Administración pública o que los ciudadanos pudieran servirse de su lengua regional más allá del ámbito estrictamente privado. Esta situación tiene muy poco que ver con la de España.

El presidente Jacques Chirac, que en 1996 estaba a favor de firmar la citada Carta, en 1999 ya no lo ve tan claro, una vez que no gobiernan los suyos. Él, como Edgar Faure, podría suscribir aquello de que 'no es que yo sea un veleta, sino que el viento sopla ahora en otra dirección'.

Para desbloquear el problema de la Carta, Jack Lang ha encontrado la fórmula mágica: la enseñanza de la lengua regional no es obligatoria pero el Estado sí tiene la obligación de ofrecerla. El estatuto corso, en una primera redacción, preveía que la 'lengua corsa sería enseñada a todos, excepción hecha de aquellos alumnos cuyos padres no lo deseasen'. Dado el contexto insular -bombas y amenazas-, no parecía que ese derecho a la negativa pudiera ejercerse. Ahora, la obligatoriedad no recae en los padres sino en el Estado. El ministro recordó que 'el justo combate (el de la enseñanza pública, laica y gratuita para todos) ha supuesto su parte de injusticia (la supresión de las diferencias)'.

Los colegios e institutos podrán crear 'secciones regionales' como se han creado 'secciones europeas'. Esto significa que algunas materias, al margen de la propia lengua, podrán ser enseñadas en catalán, creole, bretón, euskera, corso, occitano o alsaciano.

Para hacer el plan posible, el Gobierno se da de plazo hasta 2006, tiempo necesario para buscar los profesores bilingües adecuados. El Ministerio ve con buenos ojos evolucionar a la larga 'hacia formas de enseñanza de inmersión', para favorecer el adquirir el conocimiento del idioma regional que, eso sí, en ningún caso han de olvidar el francés.

En Bretaña, las llamadas escuelas Diwan ya funcionan con este sistema 'de inmersión' y ahora están negociando su inclusión dentro de la educación pública. Eso significa que los alumnos deberán superar un examen de francés entre los nueve y 10 años para probar que su escolarización no se ha hecho en detrimento del idioma común, 'el de la República', según reza la Constitución.