Los problemas jurídicos y las diferencias entre los sindicatos complican la situación de los interinos

La precariedad de los empleados interinos de Administración autonómica afecta, sobre todo, al sector educativo y sanitario, aunque se extiende en mayor o menor medida al resto de áreas de la función pública. La legislación establece que el acceso a la función pública exige superar un concurso que acredite el mérito y capacidad de los aspirantes, pero no prevé vías de acceso diferenciado para los empleados en precario ni premia la experiencia. La posición de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, es que se apliquen los acuerdos firmados desde 1996 y que se amplien las ofertas de empleo público anuales, como las fórmulas más viables para reducir la creciente precariedad en la Administración valenciana. Sin embargo, sindicatos como STEPV y AFID revindican cambios en el actual marco jurídico que garanticen un acceso diferenciado de los interinos. Para ello, antes reclaman que, por ejemplo en el sector educativo, haya una moratoria de la oferta de 2.800 plazas convocadas para este año que paralice la oposición. Así lo han pedido en las manifestaciones realizadas durante todo el mes de abril, la última el pasado viernes. Ese mismo día Serafín Castellano, consejero de Sanidad, anunciaba la inminente convocatoria de una oposición para cubrir 3.500 plazas en su área. Castellano dejó abierta la puerta a negociar el problema de los empleados interinos, pero las actuales fórmulas de acceso a la función pública le permiten poco margen.

Carlos González Cepeda, consejero de Administración Pública, apenas tiene a su cargo unos 15.000 empleados públicos, frente a los 40.000 que trabajan en cada una de las áreas de Educación y Sanidad. Un singular proceso de funcionarización desarrollado en la pasada legislatura redujo sensiblemente la precariedad laboral en la Administración General de la Generalitat. Y Cepeda escurre el bulto mientras los consejeros de Educación y Sanidad negocian sin margen. El próximo debate sobre el futuro de la función pública que acogerán las Cortes a instancias del Consell será la ocasión para forzar a Cepeda a fijar una estrategia común que aborde con criterios coherentes el problema de los empleados interinos de la Generalitat Valenciana.