El Gobierno catalán encarga un estudio sobre los peajes al RACC, una firma socia de ACESA

'El RACC no puede asumir el liderazgo con garantías de imparcialidad', es la opinión de un representante sindical miembro de la comisión de estudio sobre peajes, compartida por los socialistas, los miembros de Esquerra Republicana, la Declaración de Gelida e Iniciativa per Catalunya. Todos ellos reconocen que el secretario del Departamento de Política Territorial, Josep Grau, padre de la idea que califican de 'peregrina' puede apelar a la 'presunción de bondad', pero creen que en un asunto en el que hay muchos intereses y dinero del contribuyente por medio es mejor no suponer nada.

Grau anunció en la última reunión y como asunto decidido el encargo de un segundo estudio a la UPC. Varios miembros de la comisión creen que se trata de otra iniciativa unilateral e injustificada y pretenden frenarla. Tampoco en este caso el Departmento de Política Territorial pudo explicar ayer cuánto dinero costaría este estudio.

El caso del RACC, sin embargo, es considerado más grave. Los sindicatos denuncian que ACESA está subcontratando demasiados trabajos y de forma injustificada porque, paralelamente, ha despedido a 12 trabajadores que tenían 63 años. Despidos que las centrales ven con suspicacia porque aunque formalmente son 'improcedentes' la empresa se ha avenido a pagarles un premio equivalente a 14 pagas que se da a cuantos se jubilan con una determinada cantidad de años de servicio. 'Si son despedidos no son jubilados', dijo el representante de uno de los nueve comités de empresa de ACESA. La firma explicó que son prejubilaciones pactadas con los sindicatos.

Los trabajadores creen que estos despidos son parte de una regulación de empleo y ven con temor futuras supresiones de peajes. La eliminación de las barreras de la B-30 supuso el cese de actividad para 47 personas, pero la barrera de Mollet afecta a entre 80 y 90 trabajadores. Los sindicatos creen que ACESA debería crear una mesa de ocupación y formar a estas personas para otras tareas en vez de dedicarse a subcontratar tareas a otras empresas.

Además, los sindicatos denuncian que la subcontratación de tareas de mantenimiento al RACC vulnera la ley de autopistas que atribuye a los empleados de la concesionaria la facultad de regular el tránsito e incluso de sancionar, en ausencia de la autoridad. 'La función de autoridad no puede subcontratarse', afirman, y así lo han denunciado al Gobierno catalán y al central. El RACC declinó aportar su versión de los hechos.