'Miles de cadáveres amontonados'

'Como ustedes, yo no sabía nada de Ruanda antes de iniciar el sumario en marzo de 1995', cuenta al jurado el juez belga Damien Vandermeersch, instructor del proceso contra dos monjas, un profesor universitario y un industrial, todos ellos de nacionalidad ruandesa, acusados de múltiples homicidios de civiles tutsis durante la guerra de 1994, que causó más de 800.000 muertos en el país. 'Muchas veces me decía que no era posible lo que estaba viendo. No uno, sino miles de cadáveres de hombres, mujeres y niños mutilados, amontonados en fosas comunes, en pozos sépticos, en letrinas. Pensaba que era una pesadilla. No era el resultado de una catástrofe natural, de un terremoto, sino una matanza', agrega, algo emocionado y siempre pedagógico, este juez comprometido con el Tercer Mundo y que trató el año pasado de procesar en Bélgica al general Augusto Pinochet siguiendo los pasos de su colega español Baltasar Garzón.

El jurado popular está formado por un camionero, dos cocineros, dos desempleados...

Abrumados por la responsabilidad y por el escaso conocimiento de lo ocurrido en Ruanda, siete hombres y cinco mujeres, acompañados de otros 12 suplentes, participan desde el pasado martes en una sala del Tribunal Penal de Bruselas en el primer juicio mundial de crímenes de genocidio dirimido por un jurado popular. No es Núremberg, ni La Haya o Arusha. No son profesionales del derecho. Hay un camionero, dos cocineros, una puericultora, dos desempleados... El presidente del tribunal, Luc Maes, les explica que pueden preguntar, pero que sean siempre 'muy prudentes'.

Bélgica parece con este proceso querer limpiar la culpa de su pasado colonial en Ruanda (1916-1961). 'Créanme, los belgas no gozan de buena imagen allí', les confiesa a los miembros del jurado Vandermeersch, que dirigió cuatro comisiones rogatorias en el país africano para interrogar a testigos. Otras declaraciones proceden de refugiados ruandeses en Bruselas y de informaciones recabadas de los tribunales de la ONU en La Haya y Arusha (Tanzania). El Gobierno de centro izquierda que preside el liberal Guy Verhofstadt pidió el año pasado en una gira por el continente negro perdón por la conducta de su país durante el periodo colonizador. Y el Parlamento abrió hace 12 meses una investigación para esclarecer responsabilidades políticas en el asesinato del líder congoleño Patrice Lumumba, acribillado a balazos en 1961 en una macabra ejecución en la que participaron militares belgas.

El juicio de los bautizados por la prensa como Los Cuatro de Butare, por la región meridional donde se produjeron los hechos, ha sido posible gracias a una ley de 1993, sin precedentes en otros países, que permite juzgar en Bélgica a cualquier persona, con independencia del lugar de origen o residencia, de delitos contra la Convención de Ginebra. En 1999, la ley se amplió a los crímenes de genocidio o contra la humanidad.

Los procesados son Vincent Ntezimana (de 39 años, profesor universitario, doctor en Físicas), Alphonse Higaniro (de 51 años, industrial y ex ministro) y las monjas benedictinas Consolata Mukangango (sor Gertrudis, de 43 años, superiora del convento de Sovu) y Julienne Mukabutera (sor María Kisito, de 36 años). Son de origen hutu. Huyeron a Bélgica poco después de estallar el conflicto. Todos ellos niegan los cargos y no se hallan detenidos.

Los cuatro se declaran pacíficos. 'Yo he dado cobijo tanto a hutus como a tutsis', confiesa Ntezimana con tono seguro y educado a preguntas del presidente del tribunal. Sin embargo, en el acta de acusación se le acusa, entre otros delitos, de elaborar listas de castigo contra profesores de origen tutsi, así como de participar en el múltiple asesinato de un colega, su mujer e hijas, que vivían junto a su domicilio.

A las dos monjas, en concreto, se les acusa de dificultar la acogida de refugiados en el convento, facilitar su entrega a los milicianos e incluso de supuestamente colaborar en la quema de más de 500 de ellos vivos.