El Defensor del Pueblo exige juzgados especiales contra el maltrato
Múgica pide el divorcio rápido para las víctimas
El año pasado se presentaron más de 30.000 denuncias por malos tratos en el hogar (casi el triple que las 13.000 de 1994). Para atajar esta 'tremenda' plaga, el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, declaró ayer en el Senado que 'el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe proponer al Gobierno la creación de órganos especializados, que puedan vigilar absolutamente toda la materia de malos tratos'.
El secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, adelantó la semana pasada que el Gobierno está estudiando la creación de juzgados con fiscales especializados en luchar contra la violencia doméstica. Michavila comentó que el Gobierno presentará probablemente la semana próxima el segundo plan para combatir este problema.
Múgica también pidió que los malos tratos sean causa directa de divorcio, otra idea recogida en el plan gubernamental. Para ello es indispensable que exista una mayor coordinación entre las jurisdicciones civiles y penales.
También es importante que un solo juez lleve todas las denuncias presentadas contra un mismo agresor porque evita que, al repartirse las denuncias entre juzgados distintos, los magistrados no conozcan el historial completo del demandado. Hay que tener en cuenta que una sola agresión, tratada de forma aislada, se considera una falta, por lo que sólo puede castigarse con una pena leve. Es necesario que haya un historial de malos tratos continuados para que éstos constituyan un delito de agresión, que se castiga con penas mayores.
Otra propuesta del Defensor del Pueblo es que, sin descuidar la prevención, se apliquen 'sanciones duras' a los maltratadores, y que se intensifique la vigilancia sobre el cumplimiento de esas sanciones y sobre 'los comportamientos de aquellos que se encuentran en libertad condicional', sobre todo en lo que se refiere al alejamiento del agresor del domicilio u otros espacios frecuentados por su víctima.
Igualmente propuso un sistema de adjudicación de viviendas públicas específico para mujeres maltratadas y facilidades normativas para que pueda cambiar de empleo. Ambas medidas permitirían a la mujeres acosadas cambiar ciudad, a resguardo del maltratador.
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