La mesa del empleo agrario rechaza por 'insuficientes' los 20.233 millones destinados por el Gobierno central
La mesa encargada del control y reparto de los fondos del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (Aepsa), antiguo PER, rechazó ayer la distribución prevista por el ministerio de Trabajo. Por primera vez en 15 años, no se logró un consenso y los integrantes de la comisión (sindicatos, empresarios, ayuntamientos, Junta y diputaciones) consideraron 'insuficiente' el dinero destinado a Andalucía: 20.233 millones.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José Torres Hurtado, dijo que procederán al reparto provincializado de los fondos, un 1,93% más que el año pasado. Torres Hurtado lamentó que no haya habido acuerdo en la comisión de seguimiento y dijo seguir abierto a la negociación, pero añadió: 'El Gobierno no va a dejar, haya o no acuerdo, a los trabajadores del campo andaluz y a los ayuntamientos sin la posibilidad de poder hacer las obras y dar los jornales que hacen falta'.
De los 20.233 millones de pesetas, 790 están destinados a proyectos propios de la Junta de Andalucía y el resto, a las corporaciones locales. Por provincias, Sevilla recibirá 4.125 millones, 2.862 Granada, 2.799 Córdoba, 2.403 Málaga, 2.288 Jaén, 1.841 Cádiz y 1.419 Almería.
La comisión de seguimiento también mostró su disconformidad por la distribución de los fondos por provincias. Según sus representantes, en Almería, este año, el incremento es de un 9% y, por el contrario, Málaga verá decrecer sus fondos en un 0,17%.
El portavoz de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), calificó el reparto de 'injusto' y acusó al Ejecutivo de intentar que se produzcan enfrentamientos entre las diferentes provincias. 'Nos quieren llevar a una guerra interprovincial en la que no vamos a entrar', añadió.
Torres Hurtado destacó el incremento de la producción final agraria, superior a un 4% en España y en Andalucía, para desestimar la necesidad de fondos extraordinarios por inundaciones solicitados por los sindicatos y la FAMP. También destacó la contradicción entre las críticas de la comisión por la supuesta pérdida de 60.000 jornales y la demanda de mano de obra en el medio rural andaluz.
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