El ex director del aeropuerto bilbaíno se niega a declarar en el expediente por sus presuntas anomalías López-Santacruz no acudió a una reunión molesto porque el caso haya pasado a la Fiscalía

El ex director del aeropuerto de Bilbao, Segismundo López-Santacruz, destituido en enero por las graves anomalías en su gestión descubiertas en una auditoría interna, rehusó el miércoles declarar ante los responsables de AENA, el ente estatal que gestiona los aeropuertos, en el expediente que le ha abierto. López-Santacruz no acudió a la citación molesto porque se le requiera después de que la investigación se haya trasladado a la Fiscalía. Los otros seis directivos y cargos destituidos provisionalmente han censurado que AENA no les explique las razones de la medida.

Miembros del área de Recursos Humanos de AENA se han desplazado esta semana a Bilbao para completar la auditoría interna iniciada en diciembre tras una denuncia anónima que alertaba de irregularidades en la gestión del aeródromo, que en los últimos cuatro años ha tenido importantes modificaciones.La investigación considera que hubo gastos inflados en actos relacionados con la apertura de la nueva terminal y en la adquisición de mobiliarios y enseres. Las anomalías se extienden a las adjudicación de comercios en la nueva terminal.

Los responsables de AENA se reunieron personalmente el martes con cinco de los seis directivos y cargos -uno de ellos no pudo acudir- destituidos provisionalmente desde finales de marzo: los jefes de tres de las cuatro áreas de gestión (Dirección y Gabinete, Ingeniería y Mantenimiento y el área Económico-Administrativa), el asesor jurídico y dos ingenieros adscritos a los departamentos implicados. Tras el encuentro, el expediente disciplinario se ha mantenido.

Al día siguiente, Recursos Humanos había citado a López-Santacruz, pero el ex director no acudió. Según las fuentes informantes, se negó a declarar cuando han pasado tres meses de su destitución y la investigación sobre sus actuaciones se ha trasladado a la Fiscalía del País Vasco para verificar si existen actuaciones delictivas. López-Santacruz, quien también se niega a hablar públicamente sobre el caso, ha argumentado que declarará si es que es citado por la Fiscalía.

Los otros seis directivos y cargos apartados se encuentran también molestos por la falta de información sobre sus imputaciones, según los medios consultados. En la reunión con los responsables de AENA, les ofrecieron razones genéricas y las preguntas se centraban en cuestiones concretas sobre la adjudicación de determinados contratos de obra. 'Fue más para completar la auditoría que para explicar los supuestos incumplimientos', dicen los mismos medios. Incluso alguno de los imputados respondió enojado a los representantes de AENA.

Los expedientados se han defendido ante AENA sobre posibles irregularidades en la contratación, que junto a la tesorería y el área comercial son las anomalías que ha admitido públicamente el ente estatal de los aeropuertos. Han argumentado que la premura desde Madrid en la apertura de la nueva terminal ha obligado a realizar contratas por invitación o sin cumplir estrictamente los requisitos establecidos. 'Pero se impuso desde arriba hacerlo rápido y no había otra manera', señalan medios próximos a los expedientados.

Mientras que el anterior director permanece en su domicilio, ya que se encuentra de baja por enfermedad desde enero, los otros seis expedientados acuden al aeropuerto, pero casi no realizan labor alguna. AENA sólo ha realizado dos sustituciones de sus puestos al cubrir las direcciones de Ingeniería y Mantenimiento y la Económica-Administrativa con cargos de fuera del País Vasco. El jefe de Departamento de Dirección y Gabinete no ha sido reemplazado ni el asesor jurídico.

Los sindicatos del aeropuerto bilbaíno (hay tres delegados de CC OO, tres de LAB, dos de UGT y uno de ELA) se quejan de la situación creada y especialmente de la falta de información de la auditoría, de lo que culpan a la actual directora, Begoña Llarena. Censuran que aún no hayan recibido ninguna respuesta al requerimiento realizado a principios de mes a Llarena para que aportase datos de la investigación, que ya cuenta con un informe preliminar, pero aún está abierta. El comité de empresa ha abogado para que se aporten datos 'periódicos y detallados' sobre concesiones, inversiones, compras y contrataciones.