Instalados en la inflación

Casi cuando estábamos haciendo las maletas para disfrutar de los cuatro días de vacaciones de Semana Santa -dos de ellos en las atiborradas carreteras-, conocimos el IPC de marzo. Por segundo mes consecutivo, el aumento de los precios superó a la mayoría de las previsiones y la tasa de inflación anual volvió a aumentar hasta el 3,9%. Esta cifra duplica la tasa que el BCE considera como límite de inflación y referencia para la política monetaria. Si España tuviese que pasar ahora el examen de acceso al euro, lo suspendería, pues la tasa media de los 12 últimos meses se sitúa en el 3,6%, 2,2 puntos porcentuales (pp) por encima de la media de los tres países con menor inflación (recuérdese que el límite era de 1,5 puntos). El diferencial con los países de la UEM ha pasado de 0,6 pp en diciembre de 1998 a 1,4 pp en marzo.

Si España tuviese que pasar en estos momentos el examen de acceso a la moneda única, lo suspendería

A buen seguro que muchos ciudadanos de los países de la Unión Monetaria (UEM) se sentirán estafados al comprobar que algún país, como España, sólo hizo los deberes justo para el examen, olvidándose después de sus responsabilidades (¿o ni siquiera los hizo del todo y el aprobado fue cosa de suerte?). En la coyuntura actual este incumplimiento está teniendo efectos negativos no sólo para España, que pierde competitividad, sino para la economía europea en su conjunto, pues en parte es causa de que el BCE no se decida a bajar los tipos de interés, como ha hecho ya el señor Greenspan en Estados Unidos por cuarta vez en menos de cuatro meses. La economía europea no registra los problemas de la americana, y aquí los tipos de interés han sido hasta ahora más bajos que los del otro lado del Atlántico, pero todos aquellos sensibilizados con el crecimiento y el empleo en mayor medida que con la inflación, entre ellos los políticos, están pidiendo a gritos que el BCE imite a la Reserva Federal y suavice las condiciones monetarias. Incluso hay quien dice que la debilidad del euro proviene de la resistencia del BCE a bajar los tipos, en cuanto que ello perjudica el potencial de crecimiento de Europa (argumento, por cierto, falaz, pues la política monetaria no determina el potencial de crecimiento, sino que únicamente contribuye a suavizar los excesos y defectos de las distintas fases cíclicas). Al nombrar a los políticos, me estoy refiriendo a los de los países con baja inflación, pues los españoles -al menos los sensatos- nadan contracorriente y presionan, en sentido contrario que los alemanes o franceses, para que el BCE no mueva sus posiciones.

Cuando un país tiene problemas, lo normal es acordarse de los gobernantes bien para echarles la culpa, bien para pedirles que hagan algo para solucionarlos. En este caso, la culpa es de muchos más agentes que el Gobierno, sobre todo de los que más participan en el proceso de formación de los costes y precios. Ahí están los aumentos salariales que se están negociando este año, que, sumadas las revisiones automáticas incluidas en las cláusulas de salvaguarda, superan el 4%, o los aumentos de los márgenes empresariales aprovechando la pujanza del consumo. Pero los agentes económicos no podrían subir libremente los salarios o precios si los mercados funcionaran en régimen de competencia. Y esto sí que es responsabilidad de los Gobiernos.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas para la Investigación Económica y Social (Funcas).