Las migajas de Info XXI

Todos nosotros, independientemente de la edad, la localización geográfica, el poder adquisitivo o incluso las capacidades de acceso, tenemos derecho a beneficiarnos de las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen para nuestra vida laboral y personal'. Lo dijo la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, el pasado 15 de marzo en el Senado. La ministra defendía el sentido y la marcha del Plan Info XXI, el proyecto por el que el Gobierno quiere sacar al ciudadano y a la empresa española del analfabetismo tecnológico que nos sitúa a la cola de Europa en la tasa de penetración de Internet (16%), sólo superados, en lo bajo, por Grecia. Es un objetivo ambicioso; el plan quiere comenzar 'una revolución silenciosa', según dijo el presidente José María Aznar en su presentación en Vitoria el pasado 24 de enero. Pero oposición, empresas, asociaciones y patronales reclaman menos silencio y más pruebas; están 'expectantes', dicen los optimistas, y 'decepcionados', explican los más críticos, ante los primeros pasos de Info XXI. Y es que la mayor parte del dinero y los proyectos en 2000 no han ido a parar a mejorar el acceso o la seguridad en la Red, sino a los gastos en tecnología de la propia Administración: 200.000 millones, frente a 75.000 en inversiones. Y ni siquiera está claro que se haya gastado todo. Según denuncia el PSOE, después de reclamar datos a cada uno de los ministerios, la inversión real no ha cumplido el 25% de lo presupuestado (véase cuadro).

Info XXI, subtitulado Iniciativa del Gobierno para el desarrollo de la sociedad de la información, es un plan a cuatro años (2001-2003), prolongación de otro diseñado en 1999. El plan consta de 300 acciones y proyectos, destinados a mejorar tres campos: el acceso a la tecnología en España, la situación del español en la Red y la adaptación a la Administración a Internet. Info XXI prevé una inversión de 825.000 millones de pesetas en tres años, una cantidad 'ridícula', según el PSOE, vistos los objetivos. 'Yo reclamaría mayor financiación; para hacer cosas extraordinarias y osadas se necesita presupuesto', dice Josep María Vilà, presidente de la patronal tecnológica Sedisi.

En todo caso, la parte del león de ese dinero (600.000 millones) se la lleva quien la reparte: la Administración. 'En su mayor parte, Info XXI es un inventario de lo que la Administración central tiene pensado hacer para adaptarse a la Red, y es muy loable, porque aúna los esfuerzos de los distintos departamentos', dice Vilà. 'El Plan Info XXI es un enorme bombo publicitario que esconde los presupuestos de tecnología que ya existían en los ministerios', denuncia Félix Lavilla, senador del PSOE.

Lavilla ha preguntado a cada ministerio cuánto y cómo han gastado lo presupuestado en Info XXI y, según denuncia el senador, la mayor parte de este dinero no se ha gastado, y ni siquiera se utiliza en el objetivo de convertir la Administración española en electrónica, sino que constituyen gastos ordinarios: 189 millones para la implantación de Lotus Notes en Defensa, 4 millones para la web del XII Congreso Nacional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 1,58 millones para la adaptación al efecto 2000 del Boletín en Medio Ambiente. 'Son gastos, no inversiones, ni en formación ni en infraestructuras,', dice. Hay casos 'flagrantes', según Lavilla, como el gasto nulo que ha hecho Correos, los 584 millones de Educación frente a los 2.780 presupuestados -de los cuales, sólo 90,7 millones son inversiones-, o las previsiones de Fomento, que ahora anuncia inversiones para 2001 de 1.253 millones frente a los 53.610 millones publicitados en Vitoria.

En todo caso, muchas de las iniciativas previstas sí se han cumplido. Uno de los ministerios ejemplares es el de Agricultura, con proyectos como Tierra, que ha permitido a los agricultores presentar declaraciones de cultivo a través de Internet, o el SIGLAC, que permite la consulta de las cuotas lácteas a través de Internet. 'Pero no sé para qué queremos una Administración on-line, si la gente no tiene acceso a Internet', denuncia Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI).

Domingo cree que el dinero e iniciativas de este plan deberían estar dedicados a mejorar la lamentable situación de la cantidad y la calidad del acceso a la Red en España. Algo en lo que, al parecer, coincide con Anna Birulés. La ministra ha hecho suyas cinco reglas de oro por las que España podrá acceder a la sociedad de la información y que, según Víctor Domingo, desmiente la propia realidad de la Red española. La primera regla es, según la ministra, la capacidad de elegir proveedor de acceso, pero hay 300.000 personas que no pueden acceder a Internet desde sus teléfonos rurales. La segunda sería conseguir precios asequibles, pero el precio de la conexión es el motivo número uno por el que los que los españoles no se conectan a la Red, según un estudio del Instituto Nacional de Consumo (INC), y aún no hay una tarifa plana de 24 horas de acceso a Internet. Contar con alternativas de banda ancha es la tercera regla de oro, pero sólo el 18% de los españoles tiene capacidad de acceder por cable a la Red, según datos de la AI. Conseguir un marco jurídico para garantizar la seguridad en la Red es la número cuatro; el Senado ha reclamado al Gobierno un plan de seguridad en la Red, y cámaras y asociaciones piden desde hace meses la aprobación urgente de la Ley de Comercio Electrónico, en fase de anteproyecto. La alfabetización digital es el último punto. Los españoles no se conectan a la Red, según el INC, porque desconocen las ventajas de hacerlo.