La Junta de Latina precinta sin incidentes el club de alterne Brisas

Los cuatro funcionarios y los seis policías se presentaron en el local a la una de la tarde y, tras llamar a la puerta, accedieron al interior del establecimiento. Allí notificaron a los tres empleados que estaban en el local que iban a proceder a su clausura. El motivo era doble, según explicaron fuentes de la Junta de Latina. Por un lado, no se había presentado la documentación necesaria para conseguir la licencia de funcionamiento, requisito imprescindible para continuar con un local abierto. Por otra parte, se había incumplido la licencia municipal de actividad. Los propietarios habían solicitado en la junta un permiso para abrir un hotel de una estrella, cuando, en realidad, el local se utilizaba como club de alterne.

Los funcionarios comenzaron a precintar una de las dos puertas del local, mientras los tres trabajadores recogían los últimos enseres en el interior. La propietaria, Pilar Plaza, no estuvo presente. 'Si ahora rompieran el precinto y siguieran abriendo en contra de la orden de clausura estarían cometiendo un delito de desacato a la autoridad municipal; en este caso, el concejal presidente de la Junta de Latina [Antonio Moreno, del PP]', explicó la secretaria general de la junta.

'A la Casa de Campo'

Unos operarios habían desmontado por la mañana el cartel luminoso que anunciaba el club. Por fuera no quedaba ningún indicativo del local. Varios vecinos se agruparon durante el precinto. Reclamaron el cierre inmediato del local y pidieron que las prostitutas que ejercían en él fueran llevadas a 'la Casa de Campo' para que no dieran más problemas al barrio. 'Es vergonzoso que haya estado tanto tiempo abierto y que el Ayuntamiento no haya hecho nada antes', se quejaban los vecinos.

La dueña del club denunció en marzo al ex consejero y vicepresidente de Telemadrid, el socialista Virgilio Cano, y al concejal Fernando Sánchez, también del PSOE, además de a un funcionario de la Junta Municipal de Retiro. Según la denunciante, ella misma pagó seis millones de pesetas a los dos políticos para que agilizaran la licencia de apertura del club Brisas. Al no conseguir nada a cambio, según afirmó, presentó una denuncia en la que les acusaba de cohecho (soborno a un funcionario público). Los dos políticos solicitaron la suspensión cautelar de su militancia hasta que se demuestre si son culpables o no.