El Gobierno pide la extradición de un condenado por la matanza de Atocha

El Consejo de Ministros acordó ayer solicitar a las autoridades de Bolivia la extradición de Carlos García Juliá por delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, condenado a 30 años de cárcel como uno de los autores del asesinato de cinco abogados laboralistas en la calle de Atocha, de Madrid, en 1977.

En el expediente de extradición consta que el reclamado llevó a cabo dichos asesinatos formando parte de un reducido grupo 'radical y totalitario disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España', y añade que, además, por enemistad con un sindicalista que intervino en una huelga de transporte, García Juliá y los demás integrantes del grupo ultra decidieron atentar contra él y el 24 de enero de 1977 fueron al despacho de abogados donde la víctima se asesoraba y una vez dentro, 'de forma fría e inopinada', dispararon contra los presentes, causando la muerte de cinco personas y heridas a otras cuatro.

García Juliá obtuvo la libertad condicional el 23 de septiembre de 1991 por un juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid y el 1 de diciembre de ese año los tribunales españoles le autorizaron a viajar a Paraguay para hacer efectiva una aceptación de oferta laboral. Tras salir de Paraguay cometió nuevos delitos, por lo que el 14 de agosto de 1996 se le revocó la libertad condicional. El pasado 29 de noviembre fue dictado auto de prisión para que cumpla el resto de la pena que le queda, que asciende a 10 años.

El Consejo de Ministros también acordó pedir a Francia que amplíe la extradición del presunto ex jefe del aparato logístico de ETA José María Arregi Erostarbe, Fitipaldi, que fue entregado el año pasado a España por 14 causas, para que sea juzgado por otra más, el intento de asesinato de un sargento del Ejército en 1989.

- Nombramientos. Real decreto por el que se nombra directora general de Relaciones con las Cortes a María Luisa Cano de Santallana, y secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional a Rafael Rodríguez-Ponga. El Gobierno nombra embajadores a José Ramón Barañano Fernández, en Australia; Eduardo Junco Bonet, en Grecia; Juan Manuel Egea Ibáñez, en Liechtenstein, y Tomás Rodríguez-Pantoja en los Estados Federados de Micronesia, con residencia en Manila.

- Condecoraciones. Concesión a título póstumo de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a 10 víctimas del terrorismo, entre ellas al general Juan Manuel Sánchez Ramos-Izquierdo, asesinado por ETA en Madrid en julio de 1978, y a cinco civiles.

- Mercancías peligrosas. Real decreto por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, de cuyo ámbito se excluyen expresamente los transportes realizados con materiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, o bajo su responsabilidad.