El juicio más largo de la historia

El 15 de noviembre de 1994 el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga recibió en turno una querella interpuesta por la UGT por irregularidades en la privatización de Intelhorce en 1989 y la gestión de sus nuevos propietarios hasta 1992. En la instrucción se unió la querella que Patrimonio del Estado presentó cuatro meses antes contra Giovanni Orefici, y otras presentadas por José María Ruiz Mateos y por el ex diputado autonómico del PP José Egea, quien acusaba a altos cargos de la administración socialista de prevaricar y malversar fondos del Estado en la adjudicación de la fábrica. Esta acusación llegó a considerar el asunto un nuevo caso Filesa. Ex ministros como Carlos Solchaga y Pedro Solbes fueron algunos de los 600 testigos que comparecieron ante el juez, que imputó a 44 personas, en una instrucción llena de sobresaltos. El magistrado Ramírez Barroso concluyó en el sumario que la venta de Intelhorce se urdió entre Patrimonio del Estado y Giovanni Orefici y el abogado José Manuel Muñiz, que éstos recibieron la empresa saneada, con una ampliación de capital de 5.869 millones, y que nunca tuvieron otro propósito que dilapidarlos y descapitalizar la sociedad desviando dinero a través de una serie de operaciones ficticias con otras sociedades y con una trama de facturas falsas.

El sumario llegó a acumular casi 30.000 folios, el más voluminoso instruido jamás en Málaga, y cuando se dictó apertura de juicio oral en mayo de 1997, se mantuvo abierta una pieza separada archivada año y medio después en acerca del posible pago de comisiones al PSOE y el uso de éstas para la compra de El Correo de Andalucía.

El juicio se inició en octubre de 1998 con 39 acusados en el banquillo y concluyó hace dos meses, por lo que ha sido también el más largo celebrado en Málaga.

En su discurrir ya se aventuró que el caso se desinflaba poco a poco. CC OO, una de las partes personadas, retiró sus acusaciones contra los altos cargos, y fue presentada fuera de plazo la que ejercía Egea. Así, ya sólo se juzgaban las irregularidades en la gestión privada, y no si la privatización fue correcta.

La causa contra uno de los principales acusados, José Manuel Muñiz, fue sobreseida por una enfermedad irreversible. La vista fue suspendida por las vacaciones de verano de 1999. Pero al reanudarse, se jubiló uno de los magistrados del tribunal, lo que obligó a repetir el juicio desde el principio desde enero de 2000. El nuevo Código Penal y la prescripción de algunos delitos dejó sólo 16 acusados en el banquillo.