_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Alcohol

El Parlamento andaluz ha acordado una serie de reformas que afectan a la Ley de Drogas. El mayor control en la venta de alcohol a menores, y la prohibición de distribución de alcohol de alta graduación en gasolineras y lugares próximos a las carreteras, han conseguido que todos los grupos parlamentarios estén de acuerdo en las reformas. Es una decisión cuya razón de ser es de tanto sentido común que no necesita mayores explicaciones. Menos, aunque sea políticamente rentable, limitar las explicaciones, destacando los efectos más sensibles socialmente: accidentes de tráfico y violencia doméstica.

La trascendencia del alcoholismo es mucho más amplia. Afecta a la familia, al trabajo y es un factor criminógeno importante. El consumo de alcohol influye en el incremento de la criminalidad en todas sus vertientes. Los mayores índices de criminalidad corresponden a los días en los que el consumo es más alto.

Sin embargo, es necesario ir más allá. Está bien como un primer paso pero es necesario avanzar más, como ha declarado un juez de Granada. Los grandes intereses económicos que están detrás del alcohol deben subordinarse al interés de la sociedad. El menor consumo y el control podrían hacer disminuir lesiones, riñas, homicidios y delitos sexuales en los que el alcohol es factor desencadenante.

Tal vez por estas razones y muchas más no debe caer en saco roto la polémica sobre si el Parlamento está exento de la prohibición de venta y consumo de alcohol, o, por el contrario, le alcanza la prohibición. Es posible que desde un punto de vista estrictamente jurídico pudiera salvarse la institución. De ser así, sus señorías tendrían la posibilidad de ponerse moraos antes de iniciarse las sesiones o, durante ellas, salir a echar un traguito.

Sin embargo, no es muy entendible. Si algo necesita el Parlamento es del autocontrol de los parlamentarios. No hace falta ir muy lejos para recordar casos de ausencia de control sin necesidad de ayuda espirituosa. Además, como es seguro que sus señorías y demás no consumen alcohol durante sus recreos parlamentarios, la prohibición podría constituir un buen ejemplo a seguir.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_