El Gobierno y la oposición aceptan reducir penas a pequeños 'narcos'

El objetivo de la modificación es abrir el abanico de penas para los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y concretar el criterio de la notoria importancia, que designa la cantidad de estupefaciente a partir de la cual las penas crecen y conllevan condenas de entre nueve y 13 años de prisión. Se pretende que la pena sea proporcional al delito cometido y que un traficante sorprendido con 200 gramos de cocaína, por ejemplo, no reciba la misma pena que otro capturado con dos kilos.

Ése es el cambio legal que se reclama al Ejecutivo en la Audiencia de Madrid a fin de que se reduzcan las penas 'desproporcionadas' que fija el Código Penal para los detenidos con cantidades de droga de notoria importancia. Los jueces pretenden aprovechar la vía del artículo 4.3 del Código Penal, mediante el cual los tribunales pueden pedir al Gobierno el cambio de un precepto legal en el caso de que un tipo de pena 'sea notablemente excesiva, atentidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo'. Esa vía de petición está prácticamente inédita. De hecho, el diputado del PP Julio Padilla, ex conselleiro de Justicia de la Xunta de Galicia, presentó ayer una pregunta al Gobierno para conocer si algún tribunal se ha acogido a ella.

El Ministerio de Justicia explica que la comisión encargada de la revisión de las penas del Código Penal -para su inclusión en las negociaciones para la reforma global de la justicia planteada por Ángel Acebes- 'ya está estudiando ese asunto'. 'Es un tema que se repite en las sentencias del Supremo y no está bien tipificado', aseguró un portavoz del ministerio.

El PSOE e IU creen que es en la citada reforma global de la justicia donde debe incluirse la modificación. 'En ese marco se podrían tocar las penas del Código Penal, pero poquito y en puntos muy tasados y acotados', asegura Luis Carlos Rejón, responsable de Justicia de IU en el Congreso.

Juan Fernando López Aguilar, secretario socialista de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico, considera que el sistema de penas del código 'no es del todo perfecto y hay algunas desproporciones en la aplicación de penas que deben ser consideradas'. 'Estamos dispuestos a hablar sobre este asunto de la mayor proporcionalidad de las penas en el marco del pacto por la justicia', añade.

Manel Pérez (CiU) también es partidario de que las penas sean 'más individualizadas y se ajusten a la gravedad del hecho, de forma que ante gravedades diversas haya penas diversas'. La diputada del PNV Margarita Uria cree que el planteamiento de la Audiencia de Madrid y del magistrado del Supremo Perfecto Andrés 'va en la buena línea' porque las penas sobre drogas 'deben ser más adecuadas'.