Gusinski se queda

En pleno revuelo sobre la captura por el régimen de Putin del control de los medios de comunicación independientes del Grupo Most, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado la extradición a Rusia del presidente de este conglomerado, Vladímir Gusinski, que se instaló en España. Esta decisión se fundamenta en la consideración de que el supuesto delito de estafa del que la fiscalía rusa acusa a Gusinski no lo sería en España, pero también en que el tribunal no puede 'dejar de reparar' en que la tesis de que el magnate estaba sometido a una persecución política 'no está completamente desprovista de sustento'.

La persecución política es evidente. Las acusaciones contra Gusinski en Moscú han ido cambiando según el momento. El caso es que la sociedad estatal del gas, Gazprom, que se sintió estafada por Gusinski por valor de 40.000 millones de pesetas, se ha ido quedando con los únicos medios independientes de importancia en Rusia para cambiar su orientación, como ha ocurrido con la cadena de televisión NTV, y cerrando o despidiendo a la Redacción, como en los casos del diario Segodnia y el semanario Itogui. La suerte de radio Ekho de Moscú pende de un hilo. El paréntesis del pluralismo mediático, condición necesaria en toda democracia, parece cerrarse en Rusia.

Gusinski no es un luchador por las libertades, pero su grupo era la única garantía de pluralidad. Este antiguo director de teatro judío hizo su fortuna en la Rusia pos-soviética, entregada a un auténtico pillaje de los bienes públicos por la nueva oligarquía. Gusinski hizo su acumulación originaria de capital a la sombra de Yeltsin, pero en la sucesión cometió la falta, imperdonable para los nuevos amos del Kremlin, de no apoyar a Putin sino a sus rivales liberales, que hoy se han quedado sin plataformas para expresarse.

El fallo judicial de ayer -con un voto particular discrepante- es claro. La fiscalía debería renunciar a recurrir esta sentencia, y el juez instructor, Baltasar Garzón, cerrar el caso y anular la fianza de 1.000 millones de pesetas que le ha impuesto a Gusinski para la libertad condicional. Las presiones sobre el Gobierno español que se han ejercido desde Moscú para que se concediera la extradición, y en sentido contrario desde Israel, pues Gusinski está en posesión de un pasaporte israelí, resultan totalmente irregulares. Los jueces han evitado al Gobierno tener que tomar una decisión comprometida. La extradición de Gusinski a una Rusia que no sólo no avanza, sino que retrocede en términos de democracia y pluralismo, y cuya imagen ha quedado dañada por este caso, hubiera sido un despropósito.