El Gobierno ignora el origen de los 105 inmigrantes de Fuerteventura

Caso de no ser reconocidos como ciudadanos por algún Estado africano antes de 33 días, se unirán a las decenas de subsaharianos que deambulan por las islas. Por el momento, 105 de los 108 inmigrantes han sido internados en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura. Al ser menores, los otros tres permanecen bajo la custodia del fiscal en Tenerife. El traslado del grupo de adultos desde Tenerife hasta Fuerteventura ha resucitado la histórica rivalidad entre las islas orientales y las occidentales. Numerosos políticos han aprovechado la situación para acercarse a sus respectivos electorados. El cruce de acusaciones provoca situaciones esperpénticas: los mismos partidos opinan de forma diferente según la isla en la que hagan sus declaraciones.

Todos los grupos con representación en el Cabildo de Fuerteventura (entre ellos Coalición Canaria, el PP y el PSOE) rechazan la llegada de los subsaharianos, y los alcaldes de municipios como La Pájara y Betancuria incluso se han ofrecido a sufragar su pasaje de vuelta a Tenerife. El Cabildo de esta isla, a través de su consejero de Asuntos Sociales, José Manuel Bermúdez, afirma que las autoridades locales no han tenido nada que ver con el traslado y recuerda que ellos han acogido a menores procedentes de Fuerteventura. Unos y otros acusan del problema al Gobierno central, que asegura que la estancia de los inmigrantes en la terminal del aeropuerto es 'una medida provisional'.

Pero el Gobierno central, máxima autoridad en materia de inmigración, se encuentra con un doble problema. De una parte, las denuncias de Cruz Roja sobre la situación de la terminal del aeropuerto, en donde sólo la mitad de los internados duermen en catres y el resto debe hacerlo en colchonetas en el suelo. De otra, la falta de datos que permitan descubrir la procedencia de los subsaharianos con el fin de repatriarlos. Para aclarar este extremo, varios miembros de la Brigada de Extranjería se desplazarán hoy a Fuerteventura en compañía de un intérprete.

Armando Quintana, delegado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, coincide con la impresión de la policía de que la mayoría no procede de Sierra Leona. A pesar de ello, declara que su organización está en contacto con la Delegación del Gobierno para asesorar a aquellos que quieran pedir asilo político. En este sentido denuncia escasa colaboración de las autoridades: 'Nos han dicho que nuestra petición no procede porque los subsaharianos ya están siendo asesorados por abogados de oficio. Pero es que ellos desconocen ese concepto, que está recogido en el artículo 17.2 de nuestra Ley de Asilo. Lamentablemente', ironiza, 'los africanos no reciben ni leen el BOE'.