La comunidad magrebí pide espacio en los cementerios

La mayoría de los inmigrantes islámicos afincados en Cataluña resuelve el último adiós a los suyos con la repatriación del cadáver, muchos por razones sentimentales, pero la inmensa mayoría porque no dispone de un espacio adecuado donde enterrar a sus muertos según las normas de su religión. Repatriar un cadáver a Marruecos cuesta en estos momentos entre 700.000 y 800.000 pesetas, una cifra astronómica para la ajustada economía de muchas familias inmigrantes.

Algunos, pocos, disponen de un seguro a través del Banco Popular de Marruecos para que su cuerpo sea trasladado sin costes en caso de fallecimiento. Pero la mayoría tiene que recurrir a la solidaridad de familiares y amigos para poder efectuar la repatriación. Las comunidades islámicas de varias ciudades negocian con los ayuntamientos la posibilidad de habilitar espacios especiales dentro del recinto de los cementerios municipales. Pero no es fácil encontrar una solución, ya que, como ha puesto de manifiesto la negociación mantenida en la ciudad de Manresa, las condiciones que se requieren no siempre son posibles.

La huida de Marruecos, la lucha por los ansiados papeles, el trabajo, los problemas para encontrar vivienda, la separación de la familia, la convivencia en otro país, otra cultura y otra religión; todo esto es muy difícil para el inmigrante. Hasta el último viaje es complicado. La inmensa mayoría de los magrebíes que mueren en Cataluña no son enterrados en ella. Los cadáveres son repatriados hasta su país y ciudad de origen. Muchas familias o inmigrantes que viven solos no pueden asumir las 700.000 u 800.000 pesetas que cuesta el traslado del cadáver y tienen que recurrir a recogidas de dinero entre amigos y parientes. Algunos inmigrantes pagan un seguro a través del Banco Popular de Marruecos para tener cubierto el traslado de su cuerpo en caso de fallecimiento, pero son los menos.

Además de los motivos sentimentales, lo que les fuerza a ello es la dificultad de encontrar un lugar idóneo para enterrar a sus muertos. Aquí deben compartir el espacio en cementerios laicos, pero con una importante simbología cristiana, y tienen dificultades para respetar algunas de sus tradiciones, como la de ser enterrados en tumbas bajo tierra, dejar los cuerpos orientados hacia La Meca y no mezclar los cadáveres con fallecidos no musulmanes.

Pocas son las ciudades en las que los magrebíes pueden ser enterrados en estas condiciones. El cementerio de Collserola, en Barcelona, es prácticamente el único en el que disponen de un espacio propio y pueden ser enterrados bajo tierra orientados hacia La Meca. Las ciudades de Terrassa y Manresa tienen muy avanzadas sus negociaciones con las respectivas comunidades islámicas para destinar un espacio de sus cementerios a la comunidad islámica. Otras ciudades -Valencia, Granada y Madrid- también han avanzado en esta misma dirección.

Los acuerdos no son unitarios. No hay una normativa ni estatal ni catalana que establezca unos criterios de actuación. Cada ayuntamiento da la respuesta que cree más adecuada y cada comunidad islámica negocia con la ciudad de residencia. Manresa es una de las últimas ciudades que ha cerrado un acuerdo de esta índole. Josep Lluís Irujo, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Manresa, y Mustafá El Benadi, presidente de la comunidad islámica del Bages, admiten que las obras para adecuar un espacio en el cementerio municipal ya se han iniciado y sólo queda pendiente fijar definitivamente los precios de adquisición del espacio y las tasas municipales.

Mustafá El Benadi empezó las negociaciones en 1997. Asegura que disponer de este espacio es urgente porque cada mes fallecen en la comunidad islámica del Bages entre una y dos personas. Sólo en Manresa la comunidad cuenta con 1.500 personas.

Hay quien preferirá, pese a todo, que su cuerpo sea repatriado a su tierra natal. Pero El Benadi cree que la mayoría preferirá enterrarse en la tierra de acogida, y podrán hacerlo por 120.000 pesetas, que es el precio de una tumba en Manresa, y una pequeña cantidad adicional para los trabajos del entierro.

El acuerdo entre la comunidad islámica y el Ayuntamiento no ha sido fácil. Se trataba de habilitar un espacio diferenciado dentro del recinto del cementerio, pero de forma que los cuerpos pudieran enterrarse en el suelo y no en nichos, como es habitual, y que para entrar en ese espacio no fuera preciso pasar por la parte no islámica. También ha sido complicado lograr que los musulmanes sigan la normativa sobre entierros y acepten que la mayor parte del trabajo la haga la brigada municipal. La ley de policía sanitaria mortuoria de la Generalitat, por ejemplo, obliga a introducir los cadáveres en cajas y cumplir determinados plazos.