La Administración refuerza su control de los miembros participantes en el órgano consultivo

El próximo día 24 se reúne el Consejo de Cooperación, que según la ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1998 es el 'órgano consultivo de la Administración General del Estado y de participación en la definición de la política de cooperación internacional para el desarrollo'. Pero Gobierno y ONG llegan a la reunión en posiciones encontradas.

Mientras las ONG quieren conservar los seis representantes que tenían -y que incluirían a la presidenta de la CONGDE y al Movimiento del 0,7%-, Asuntos Exteriores promulgó un real decreto el mes pasado sobre competencias, funciones, composición y organización del Consejo, que al entender de las ONG significa un control excesivo del Gobierno en ese órgano.

Según el real decreto, los vocales del Consejo -presidido por el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés- tendrán un mandato de tres años y 'serán nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores'. El artículo polémico con las ONG es el 3, que trata de la composición del órgano consultivo. Allí se define que habrá seis representantes de las ONG: 'cuatro en representación de las ONG de desarrollo más representativas en el ámbito estatal y dos a propuesta de las asociaciones de ONG de mayor implantación en el ámbito estatal'. La CONGDE reclama poder nombrar a esos vocales, y que no sea la Administración quien decida la representatividad.

El Consejo está compuesto, además, por el Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, un director general por cada uno de los ministerios de Economía, Hacienda, Defensa, Educación, Cultura y Deporte, Sanidad y Consumo, y Trabajo y Asuntos Sociales; dos representantes sindicales; otros dos empresariales; uno por las universidades, otro por las asociaciones de derechos humanos, y cuatro expertos, entre los que deberá incluirse uno especializado en cuestiones de género y desarrollo.

Entre las funciones del Consejo, está entre otras 'emitir informe previo, preceptivo y no vinculante' sobre anteproyectos de ley y disposiciones generales sobre cooperación; informar la propuesta de Plan Director y de Plan Anual de Cooperación Internacional, y conocer los resultados del seguimiento y de la evaluación de la cooperación española; y hacer llegar al Gobierno 'las sugerencias y propuestas relativas a la cooperación para el desarrollo que estime oportunas'.