EE UU concede asilo a extranjeras víctimas de la violencia doméstica

Aunque el nuevo Gobierno de Bush está reevaluando calladamente esa revolucionaria política, será difícil que pueda dar marcha atrás, en opinión de juristas y defensores de los derechos de refugiados. La revisión puede tardar meses o incluso aplazarse por tiempo indefinido, pero mientras tanto los jueces deben atenerse a la decisión de Reno, explica el portavoz del Departamento de Inmigración y Naturalización (INS), Bill Strassberger.

Rodi Alvarado llevaba diez años aguantando que su marido, un ex militar, la arrastrara por la casa, la golpeara hasta dejarla bañada en sangre y luego la violara, sin que las autoridades de Guatemala movieran un dedo. 'Las peleas matrimoniales son asuntos privados', la decían, según su testimonio posterior. En 1995 huyó como espalda mojada a Estados Unidos y presentó una solicitud de asilo que fue negado. Su suerte cambió cuando la ministra Reno no sólo anuló la decisión de su departamento de inmigración, sino que ordenó una nueva normativa que incluya a las 'mujeres perseguidas' (por distintas razones que incluyen tráfico sexual y violaciones en guerra) como una de las categorías con derecho a obtener status de refugiado en EE UU.

'Ha sido uno de los pasos más importantes en los derechos de las inmigrantes. Aunque estamos en una especie de limbo , sin duda la orden de Reno ha tenido gran impacto porque ahora Inmigración considera seriamente las peticiones de asilo, y espero que la nueva Administración mantenga la política', señala Wendy Young, directora de la Comisión para Mujeres y Niños Refugiados de EE UU.

Esa organización, junto con otras que abogan por los derechos de los inmigrantes -como la que dirige la abogada de Alvarado, Karen Musalo, Centro de Estudios sobre Refugiadas de la Universidad de Hastings en San Francisco- están presionando para que no se modifiquen las regulaciones que legalizarían a las víctimas de violencia doméstica. Pero es una batalla de dos frentes. Los sectores más conservadores han iniciado una campaña en contra de que EE UU acoja a las maltratadas, por temor a que se les inunden las fronteras.

'Tristemente, son mujeres que no suelen tener movilidad ni medios, y eso les impide llegar a EE UU', señala Karen Musalo, la abogada de Rodi Alvarado, añadiendo que 'no cree posible que el Gobierno de Bush vaya a retroceder '. Musalo también fue la letrada de otro caso histórico al lograr que una joven que huyó de mutilación genital en Togo obtuviera en 1996 la green card.

Según un estudio de la Coalición para los Derechos de Inmigrantes, el 34% de las latinoamericanas y el 25% de las filipinas han sufrido violencia doméstica en sus países, que muchas veces ha continuado ya en suelo de EE UU. La normativa de Reno protege también este tipo de abusos. Actualmente la situación inmigratoria de las esposas depende de la de sus cónyuges. Eso ha producido un promedio de 300 casos anuales en los que ellos las maltrataban en suelo norteamericano y eran aumáticamente deportados, arrastrándolas a ellas.