El PP pactó con CiU añadir al plan hidrológico más del doble de la inversión que niega a la Junta

El pacto entre CiU y PP se plasmó en las 43 enmiendas parciales que presentaron sus grupos parlamentarios ante el Congreso de los Diputados la semana pasada. Una vez rechazado el plan alternativo del PSOE, las enmiendas parciales son el único mecanismo que resta para incluir las peticiones de las comunidades descontentas con el Plan Hidrológico Nacional, cuya tramitación parlamentaria está en su última fase.

Andalucía y Cataluña estaban entre las autonomías que rechazaron en septiembre dar su apoyo al Plan diseñado por el Ministerio de Medio Ambiente que sí fue respaldado en el Consejo Nacional del Agua por las comunidades gobernadas por el PP y por Extremadura y Castilla-La Mancha (PSOE). Seis meses después, las principales peticiones de la Generalitat (CiU) parecen tener garantizado un sitio en el Plan Hidrológico Nacional; el PP, sin embargo, no ha dado ninguna señal de que aceptará las alegaciones andaluzas, a pesar de que el acuerdo le saldría mucho más barato al Gobierno central.

La exclusión del trasvase desde el Ródano ha sido la única negativa tajante del PP a las exigencias de CiU, que ha conseguido que se establezca en el Plan el estudio de otros trasvases alternativos al único incluido, el del Ebro (1.050 hectómetros cúbicos anuales al litoral mediterráneo). El resto de las reclamaciones sí están reflejadas en una enmienda parcial del PP que añade nuevas obras al listado de inversiones. Así, el Plan recogería la construcción de barreras naturales en delta del Ebro para evitar la intrusión salina, la ampliación de regadíos, un plan territorial de las tierras del Ebro y obras de conducción y regulación en la cuencas internas de Cataluña.

CiU calcula que todas estas obras supondrán aumentar la inversión prevista en el Plan para Cataluña en 400.000 millones de pesetas, hasta rozar los 600.000. El PP se resiste a dar una valoración del pacto, pero si las enmiendas parciales son aprobadas, la inversión extra superará al menos los 250.000 millones de pesetas. En todo caso, el doble de lo que costaría el apoyo de la Junta.

El Plan Hidrológico, en sus términos actuales, reserva 690.000 millones de pesetas para obras en Andalucía hasta 2008. La comunidad es la que más dinero recibe del plan, pero la Junta estima que esa inversión no es suficiente para paliar el déficit hídrico de la región, que sitúa en más de 1.000 hectómetros cúbicos anuales.

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, calcula que haría falta una inversión total de 1,015 billones de pesetas, es decir 325.000 millones más. Pero la Junta estaría dispuesta a un acuerdo de mínimos que garantizara la construcción de obras imprescindibles: la primera fase de un trasvase del Guadiana al Guadalquivir (25.000 millones), la desalación de 200 hectómetros cúbicos en Almería, de 80 en Málaga y la reutilización de 85 hectómetros cúbicos en Málaga (109.000 millones de pesetas en todas estas obras). El Gobierno andaluz aceptaría renunciar ahora a la segunda fase del trasvase del Guadiana, que se alimentaría del tramo fronterizo con Portugal, y a las más de 150.000 hectáreas de regadío que quería añadir a las dispuestas en el Plan para Andalucía.

La inversión mínima que la Junta reclama para dar su apoyo sumaría, pues, poco más de 130.000 millones de pesetas. Una oferta de acuerdo mucho más barata que la catalana; pero hay otros obstáculos. Los lazos políticos entre populares y convergentes son más consistentes (el PP respalda a CiU en el Parlamento catalán). Y las propuestas andaluzas supondrían una quiebra en la filosofía del Plan Hidrológico que defiende el Gobierno central. El Ministerio de Medio Ambiente siempre ha rechazado paliar déficits hídricos con desaladoras y reutilización de aguas, medidas que considera 'complementarias'; el trasvase del Guadiana abriría la puerta a reclamaciones similares en otras comunidades, y 125 de los 200 hectómetros cúbicos extra que se piden para Almería servirían para cubrir necesidades hídricas durante 10 años, tiempo estimado para la llegada a esta provincia del trasvase del Ebro, periodo que el Ministerio no ha evaluado.