Dinero y campañas

El senador John McCain ha logrado una proeza: la aprobación por el Senado de EE UU de un proyecto de ley que prohíbe los donativos ilimitados y anónimos a los partidos políticos y candidatos. No sólo le ha marcado así parte de la agenda a su antiguo rival en la primarias presidenciales, el actual presidente George Bush, sino que ha hecho entrar una corriente de aire fresco en la política americana. Pero la ley debe aún superar la Cámara de Representantes, donde su aprobación depende de la firma presidencial, y, eventualmente, el Tribunal Supremo. Éste puede ser el mayor obstáculo, pues el alto tribunal afirmó un cuarto de siglo atrás el derecho de todo ciudadano a gastarse el dinero que le viniese en gana en sus preferencias políticas.

Pero que la iniciativa haya partido conjuntamente de McCain -que, como una cruzada, lo ha estado intentando durante los cinco últimos años y fue uno de los ejes de su campaña en las primarias-, y del demócrata Russell Feingold, y haya recibido la aprobación de 59 de los 100 senadores, indica que ha calado la idea de que o se frena la influencia de los grupos de presión y grandes empresas en la política o ésta carecerá de autonomía. Bush es contrario a tales limitaciones, quizás porque haya sido el candidato que más dinero ha obtenido (al menos 100 millones de dólares) en la campaña más cara de la historia (unos 3.000 millones de dólares, de los cuales, 500 millones de procedencia desconocida). El peligro es que el político se comprometa demasiado con magnates, empresas y grupos de presión, a los que ha de pagar después los favores prestados. Por ejemplo, renunciando a limitar las emisiones de gases tóxicos, tal como se recoge en el Protocolo de Kioto, del que ahora reniega Bush.

La nueva ley elimina totalmente el soft money (dinero blando) que donantes anónimos pueden verter en las arcas de los partidos sin límite. A partir de ahora, toda donación a un partido o a un candidato deberá tener un nombre propio, y queda limitada a 2.000 dólares por elector para un candidato y 37.500 dólares en apoyo de varios, casi el doble que en la actualidad. Se prohíben también los anuncios políticos genéricos, pero que ayudan a los candidatos, dos meses antes de unas elecciones y 30 días antes de unas primarias.

Estas medidas representan un paso, sin duda positivo, pero no garantizan que la financiación oscura no siga dominando las campañas políticas. Los grupos de presión podrán seguir haciendo anuncios temáticos, evidentemente sesgados hacia una u otra parte, sin que los partidos puedan responder. Además, nada impide que se formen cuasipartidos paralelos a los oficiales -los llamados Comités de Acción Política-, dedicados a recabar fondos para campañas concretas, aunque no personales.

Uno de los mayores problemas de las democracias actuales es la financiación de las campañas, especialmente en EE UU, donde lo que cuenta es la muy costosa presencia en la televisión privada. En la recaudación de fondos, Bush ha sido un artista, y la desgracia es que pueda seguir influyendo en sus políticas quien le financió. La salud democrática requiere abaratar las campañas y total transparencia en materia de donativos. Pues al menos así se sabrá por qué una empresa determinada logra un contrato público o consigue que un senador o representante vote una determinada ley. McCain ha dado un paso. Pero, por desgracia, el dinero no va a salir del centro de la política estadounidense.